La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha defendido este miércoles que la regularización de personas migrantes puede tener un impacto “positivo” en la economía de Catalunya.
En la sesión de control a los consellers en el Parlament, ha recalcado que “Es una cuestión de derechos humanos y derechos sociales. Y además porque esta regularización puede suponer un impacto económico positivo muy sustancial para la economía catalana”.
Martínez Bravo ha celebrado poder tratar la cuestión migratoria al margen de la “tergiversación” que, a su juicio, realizan otras formaciones políticas, y ha incidido en que la regularización permitirá que estas personas puedan cotizar a la Seguridad Social y contribuir mediante el pago de impuestos.
Ha insistido en que “Tiene toda la lógica del mundo” y ha rechazado que la decisión del Gobierno genere un efecto llamada, recordando que quienes lleguen ahora no podrán acogerse a este proceso de regularización.
La consellera ha añadido que están trabajando junto al Gobierno central para que el procedimiento “vaya lo mejor posible”, remarcando su voluntad de avanzar hacia una gestión migratoria ordenada en un contexto de prosperidad compartida.