La consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, ha subrayado que el desalojo llevado a cabo este miércoles en el antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona), que desde hace tiempo funcionaba como asentamiento ocupado, se ha realizado en cumplimiento de una orden judicial.
“Somos conscientes de que hoy es un día complicado porque ha habido esta operación en Badalona, pero hay que recordar que hay una orden judicial que autoriza este desahucio”, ha señalado durante la sesión de control en el Parlament, al responder a una interpelación de la diputada de la CUP Pilar Castillejo.
La parlamentaria de la CUP ha criticado que, tras el operativo de desalojo impulsado a petición del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no se haya garantizado una alternativa residencial para la totalidad de las personas afectadas: “Se les ha dejado en la calle”.
En respuesta, la consellera ha defendido que el inmueble no ofrecía las condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad para residir en él, y ha detallado que la Conselleria de Justicia ha aprobado un procedimiento que fija la responsabilidad del ayuntamiento a la hora de articular una respuesta habitacional para estas personas.
Aunque ha reiterado que la competencia principal recae en el consistorio, ha puesto en valor que desde la Generalitat se han llevado a cabo gestiones para encarar esta “delicada situación de la mejor manera posible”, precisando que se han mantenido reuniones con el ayuntamiento, con los servicios sociales de la Generalitat, así como con los departamentos de Salud e Interior.