QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este jueves, el Parlament ha emitido una resolución para solicitar al Govern la formulación de un renovado contrato programa que vincule al departamento de Derechos Sociales con las administraciones locales, garantizando una «de manera rigurosa el incremento real» en los costes de los servicios ofrecidos.
La iniciativa, propuesta por ERC, busca fortalecer la coordinación y cooperación entre el citado departamento y las entidades locales, y ha contado con el respaldo de la mayoría de los grupos, a excepción de la abstención de Vox y Aliança Catalana (AC).
Según el texto aprobado, este nuevo contrato deberá incluir una evaluación económica exhaustiva de los fondos, poniendo especial énfasis en servicios como el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), los Equips Bàsics d’Atenció Social y los servicios dirigidos a niños y adolescentes (EAIA).
Además, se ha propuesto que este contrato adopte un enfoque plurianual, estableciéndose por un periodo de cuatro años, hasta 2029, para adaptarse de forma integrada a los costes reales de los servicios.
Otra resolución aprobada es la que solicita la eliminación de la modificación en el régimen de financiación, que pretende convertir las asignaciones y programas permanentes del contrato en convocatorias anuales de subvenciones.
