La propuesta de ley del taxi en Cataluña comienza su proceso en el Parlamento para aplicarse en 2026

El proyecto inicial de la nueva ley del taxi en Cataluña ha sido presentado este jueves en el Parlament, marcando el inicio de su proceso legislativo con la previsión de entrar en vigor en 2026.

En una rueda de prensa, los diputados Jose Ignacio Aparicio (PSC), Salvador Vergés (Junts), Jordi Albert i Caballero (ERC), Lluís Mijoler (Comuns) y Laure Vega (CUP), en nombre de los partidos promotores, han detallado el proyecto de ley para el transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas.

La legislación busca regular el sector y definir roles para cada servicio como taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC), limusinas y los vehículos de Alta Disposición. El texto otorga un papel más relevante al taxi, considerándolo esencial para complementar el transporte público, con tarifas oficiales y la obligación de prestar servicio salvo por causas justificadas.

La normativa también plantea una eliminación gradual de los VTC al no renovar licencias caducadas y otorgar solo permisos temporales si los taxistas no pueden cubrir la demanda.

CINCO GRUPOS POLÍTICOS

Aparicio (PSC) ha destacado la colaboración de cinco grupos parlamentarios para registrar la ley, que considera ordena un sector de «interés general». Vergés (Junts) ha señalado algunas incertidumbres en el texto, pero prefiere negociar desde dentro para proteger a los trabajadores de VTC y garantizar seguridad jurídica.

Albert (ERC) ha expresado que se sienten «padres y madres» de la normativa, iniciada durante su gestión en la Generalitat. Mijoler (Comuns) ha comentado que la regulación es «estratégica» para las áreas rurales. Vega (CUP) ha aplaudido que la ley reconozca la lucha de los taxistas y sirva como herramienta contra la «economía de la plataforma».

Tito Álvarez, de Élite Taxi, ha calificado la ley como «pionera» y fruto del diálogo y movilizaciones. Ha enfatizado su deseo de que los conductores de VTC se integren en el sector del taxi. Criticó la ausencia de PP, Vox y Aliança Catalana en la presentación de la ley, mencionando las políticas hacia el sector en Madrid.

La propuesta incluye la exigencia del nivel B1 de catalán para nuevos conductores, con debates abiertos sobre elevarlo al B2.