El director de la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs, ha planteado la necesidad de revisar la normativa estatal sobre protección de informadores de corrupción o, en su defecto, impulsar una ley específica catalana de alertadores que garantice un amparo más sólido para quienes denuncian irregularidades, ante las “carencias” que, a su juicio, presenta el marco legal vigente.
Durante su intervención este jueves en la Comisión de Asuntos Institucionales (CAI) del Parlament, ha sostenido que las administraciones públicas “no están a la altura” y que los alertadores no reciben la protección adecuada. Ha atribuido esta situación a las “carencias de la ley” estatal, en la que ha identificado 31 aspectos normativos que, según ha señalado, deberían ser revisados y modificados.
Por este motivo, ha instado a los grupos parlamentarios a avanzar en la tramitación de una ley catalana propia, recordando que el Govern ya aprobó en septiembre la memoria preliminar del anteproyecto sobre esta materia. Aunque ha admitido que no solucionaría todos los problemas, ha subrayado que permitiría corregir buena parte de las deficiencias actuales y supondría “indiscutiblemente un paso hacia adelante”.
Carencias de la normativa actual
Salàs ha destacado como uno de los principales obstáculos para la OAC la falta de fuerza ejecutiva de sus resoluciones. Ha explicado que, aunque Antifrau puede advertir a las administraciones y a entidades privadas de que no pueden tomar represalias contra quienes denuncian, el cumplimiento de estas indicaciones depende en última instancia de su voluntad y de su “lealtad institucional”.
Ha señalado igualmente limitaciones en el ámbito sancionador: “No pasa nada por desobedecer a Antifrau”, ha lamentado. Ha recordado que la institución solo puede imponer sanciones económicas de alcance reducido y ha considerado insuficiente que no se les permita acordar medidas cautelares para proteger a los alertadores durante la tramitación de los expedientes.
Otro punto que ha criticado es que la legislación no contemple la figura del prealertador, es decir, la persona que desea conocer de antemano el recorrido que puede tener una denuncia ante Antifrau antes de facilitar la información. A este vacío se suma que la protección a los denunciantes se limita a 2 años, un periodo que considera insuficiente, ya que hay procedimientos judiciales que se prolongan bastante más en el tiempo.
En el terreno económico, ha cuestionado que no se reconozca de forma expresa el derecho a la justicia gratuita para los alertadores: “Es indiscutiblemente un factor muy limitativo”, ha afirmado. Ha añadido que esta situación se agrava cuando algunas administraciones, frente a las denuncias, deciden contratar a “abogados estrella”, lo que genera una clara asimetría de recursos y de capacidad de defensa entre las partes.
También ha recordado que la normativa prevé mecanismos de apoyo financiero y económico para los alertadores, pero ha denunciado que esta previsión no se ha concretado: “No sabemos en qué cantidades, bajo qué condiciones, si sólo por ser alertadora o, además, por haber estado sufriendo algún tipo de prejuicio económico...”.
Apoyo psicológico y uso de inteligencia artificial
Pese a estas limitaciones, Salàs ha reivindicado que la Oficina Antifrau, que dirige desde principios de año, está cumpliendo con sus responsabilidades e incluso “un poquito más”. Como ejemplo, ha avanzado que trabajan para ofrecer acompañamiento psicológico a las personas que denuncian, con el objetivo de mitigar el impacto personal y emocional que puede acarrear el proceso.
Asimismo, ha apostado por reforzar la vertiente tecnológica de la institución. En esta línea, ha mencionado la incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial (IA) para optimizar la gestión de las investigaciones, recortar los plazos de tramitación y contribuir a que el organismo sea “más eficaces y más eficientes”.