QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Justicia fue la clave de bóveda sobre la que se edificó la investidura y, por ende, el comienzo de la legislatura. La Ley de Amnistía era condición sine qua non para que los partidos independentistas catalanes (ERC y Junts) prestaran su apoyo a Pedro Sánchez. Pero esta no ha sido la única iniciativa que se ha aprobado a lo largo del año. Justicia ha sido una de las carteras con mayor actividad.
Ley de Amnistía
La Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la normalización política, social e institucional en Cataluña tenía por objeto amnistiar los delitos relacionados cometidos desde el 1 de noviembre de 2011 y relacionados con las consultas del 9 de noviembre de 2014 y/o del 1 de octubre de 2017; así como los cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña.
Durante el trámite parlamentario se acotó los delitos de terrorismo excluidos de la amnistía, se incorporó la malversación como amnistiable redefiniendo el concepto de enriquecimiento, se amplió las fechas y abrió la puerta a la devolución de algunas multas ya pagadas.
Su recorrido parlamentario hasta el BOE no fue sencillo. Fue tomada en consideración en diciembre, superó el debate de totalidad el 10 de enero de 2024 y el 30 de ese mismo mes regresó a la Comisión de Justicia ante la falta de la mayoría absoluta requerida por el rechazo de Junts, que esgrimió que la redacción de la iniciativa dejaba fuera a parte del independentismo y propiciaba las arbitrariedades de la cúpula judicial española.
Los socialistas rubricaron un nuevo acuerdo con Junts y el 7 de marzo se aprobó otro dictamen en la Comisión de Justicia. Una semana después, el 14, recibió el‘sí’ de mayoría absoluta en el Pleno y fue remitido al Senado.
En el Senado, el PP tramitó una reforma del Reglamento para poder ampliar los plazos de tramitación de las proposiciones de ley declaradas de urgencia por el Congreso. Tras citar a comparecer a diferentes juristas y solicitar informes a los servicios jurídicos de la Cámara y a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Senado acabó vetando el texto.
Además, el PP se valió de su mayoría absoluta en la Cámara Alta para activar un conflicto institucional con el Congreso, alegando un “vicio de procedimiento (…) por la utilización fraudulenta del procedimiento legislativo para fines que no le son propios”; conflicto que a la postre suspendió por la negativa de la Cámara Baja a detener la tramitación de la Ley de Amnistía.
Finalmente, el Congreso levantó el veto el texto fue aprobado y publicado en el BOE.
Una ley con el PP
En el marco de Justicia, el PSOE llegó a impulsar y aprobar una ley de la mano del PP. Fue La Proposición de Ley Orgánica de reforma del Poder Judicial y de la Ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Es el fruto del acuerdo entre ambos partidos para renovar el CGPJ y su objetivo es reforzar la independencia e integridad del sistema judicial en su configuración actual.
Para ello, aborda una serie de requisitos exigibles a los candidatos y candidatas a las Salas del Supremo, como que acumulen 20 años como miembros de la carrera judicial; establece los servicios especiales y las excedencias voluntarias; y revisa cuestiones referidas al CGPJ.
También se esbozaron condiciones relativas al Ministerio Fiscal, como que el Fiscal General del Estado quedara sujeto a las mismas incompatibilidadesque los vocales del CGPJ.
Una ley de consenso, pero…
El Proyecto de Ley del Derecho de Defensa nace de la voluntad del Gobierno por blindar el libre acceso a los Tribunales de Justicia, garantizar un proceso sin dilaciones indebidas y asegurar la protección en procedimientos penales.
Se regula que los actos y comunicaciones procesales se redacten en un lenguaje claro y teniendo en cuenta las características personales y necesidades concretas de las personas con discapacidad. Se deberá tener en cuenta, también en los casos con menores de edad y mayores (brecha digital). Así, se avala el uso de sistemas alternativos como braille, lectura fácil, pictogramas, dispositivos multimedia… El texto también blinda la conciliación de los profesionales de la abogacía.
De igual forma, el Gobierno aceptó las demandas de Junts, ERC y BNG para asegurar que puedan utilizarse las lenguas cooficiales ante la Justicia; garantizando que se dispongan los medios técnicos necesarios, tales como intérpretes y/o traductores.
El uso de lenguas cooficiales fue, precisamente, el punto que escoró a PP y Vox del voto favorable a la abstención en la Comisión de Justicia.
En el Senado, los populares se valieron de su mayoría absoluta para suprimir su uso, pero en el Congreso el bloque de investidura lo tumbó para mantenerlas.
Justicia gratuita, la gran ausente
El Gobierno pretendía que la Ley de Derecho de Defensa fuera la antesala de una Ley de Justicia gratuita, pero aún no ha llegado -ni parece que esté cerca-.
El diputado y ponente del PSOE de la Ley de Derecho de Defensa, Joaquuín confirmó en una entrevista a Demócrata que la intención del Ejecutivo era llevar un texto al Congreso en el último trimestre del año. No obstante, nunca llegó siquiera a asomarse.
El lío de la ECRIS
El Gobierno impulso el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea, para su adecuación a la normativa de la Unión Europea sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
Lo que pretendía ser una mera trasposición de la directiva europea se tornó en una tormenta política por dos enmiendas introducidas por Sumar.
Estas, permitían que se beneficiasen del cómputo de penas cumplidas en el extranjero, entre otros, condenados por delitos de terrorismo. Los cambios no fueron advertidos por ningún legislador de la oposición.
Tras publicarse en prensa su alcance, PP y Vox buscaron cualquier vía para detener o ralentizar la tramitación de la iniciativa; aunque de nada sirvió. Valiéndose de su mayoría absoluta, los populares celebraron un pleno extraordinario cuyo único punto del orden del día era pronunciarse sobre el proyecto y el presidente de la Cámara, Pedro Rollán, lo interpretó como un veto. Fue remitido como tal al Congreso y, este, lo levantó, poniendo fin a la disputa.
Sin acciones colectivas pero con juicios rápidos por okupación
El Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia fue impulsado por el Gobierno y bebe de los proyectos de ley de la pasada legislatura sobre eficiencia procesal y organizativa que decayeron por el adelanto electoral.
También se pretendía transponer el nuevo modelo para la representación de acciones colectivas en materia de consumo, pero se cayó del texto.
La ley dibuja un nuevo modelo organizativo con el objetivo de subsanar las disfunciones en el ámbito de la Administración de Justicia que han quedado obsoletas.
Se aspira a corregir la falta de especialización de los juzgados, la proliferación de órganos con competencias idénticas o la dispersión de medios y esfuerzos, entre otras cosas.
Uno de los puntos calientes del proyecto de ley es el mantenimiento de los Juzgados de Paz. El Gobierno apostaba por suprimirlos, sustituyéndolos por las nuevas Oficinas de Justicia, adaptando y ampliando sus funciones. Sin embargo, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Junts impusieron como condición sine qua non su continuidad.
De igual forma, la ley amplía las funciones de los procuradores en procesos como ejecuciones de embargo, bajo la supervisión del letrado o letrada de la Administración de Justicia.
También incorpora otras reformas como la eliminación de las Golden Visa, la obligatoriedad de celebrar una votación en las comunidades de vecinos para abrir un piso turístico, o permitir la presencia de ministros extranjeros en el Consejo de Ministros cuando así se contemple en acuerdos internacionales –así se prevé en el último tratado bilateral firmado con Francia–.
Fue la ley que el Ejecutivo utilizó para corregir el error de la Ley de Paridad, que había rebajado la protección a trabajadores que se acogieran a un nuevo permiso de cinco días por cuidado de un familiar tras accidente, enfermedad grave u hospitalización, o a una adaptación de jornada.
Por un error en las votaciones de las enmiendas cometido por EH Bildu, el PNV logró incluir una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir juicios rápidos por allanamiento y usurpación pese al rechazo del Gobierno.
