El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ha rechazado este jueves la creación de una comisión de investigación solicitada por Más Madrid sobre la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, al tiempo que ha defendido la “excelencia” de la atención que presta este centro.
La comisión propuesta tenía como finalidad examinar cómo ha afectado a la calidad asistencial del Hospital de Torrejón la gestión de la empresa Ribera Salud, así como el desempeño de las labores de supervisión y control que competen a la Comunidad de Madrid. La iniciativa ha contado con el respaldo de Más Madrid y PSOE, mientras que Vox ha optado por la abstención.
Más Madrid registró la petición tras hacerse públicos los audios del CEO de Ribera Salud en los que se refería a revertir la senda de reducción de las listas de espera.
En defensa de la posición del PP, el diputado ‘popular’ Raúl Martín Galán ha subrayado que el Hospital de Torrejón es “ejemplo de excelencia” y un centro público que opera mediante un concierto económico, rechazando que se trate de una privatización y atribuyendo esa interpretación a una “estrategia política” basada en confundir conceptos.
El parlamentario se ha preguntado “dónde está el escándalo” que algunos pretenden presentar, recordando que se habla de incumplimientos contractuales sin aportar “ningún tipo de datos”. Asimismo, ha señalado que “lo más grave” es la acusación de reutilizar material de un solo uso cuando las inspecciones realizadas “no han encontrado evidencia alguna”.
Para justificar la creación de la comisión de investigación, ha intervenido por Más Madrid Hugo Martínez Abarca, quien ha censurado tanto los audios del directivo como el email en el que se planteaba la reutilización de material de un solo uso. “El madrileño al hoyo y el CEO al bollo. Eso es el sistema”, ha afirmado.
En relación con la investigación anunciada por la Comunidad de Madrid, ha sostenido que “nadie que no sea un fanático” puede creer que se ha “investigado nada”.
Por parte del PSOE, la diputada Sara Bonmatí ha criticado la “arquitectura del privilegio” en Madrid, que, según ha dicho, se basa en “privatizar los servicios públicos, socializar las pérdidas y apagar la luz para que nadie vea lo que ocurre”.
“Queremos fiscalizar. Queremos saber si se están cumpliendo los pliegos de condiciones. Queremos saber cuánto dinero público se está desviando de la atención a los pacientes para engrosar beneficios empresariales”, ha señalado Bonmatí, que también ha manifestado su intención de aclarar si existió riesgo para la salud por la reutilización de material de un solo uso.
Desde Vox, la diputada Raquel Barrero Alba ha abogado por realizar una auditoría “técnica e independiente” y no “de parte”, al considerar que lo relevante es esclarecer “hechos sanitarios y con rigor”.
“Nosotros no queremos convertir este asunto en un espectáculo parlamentario, por eso nos hemos abstenido. Una comisión de investigación no garantiza ni rigor técnico ni resultados útiles cuando estamos hablando de un tema de gestión y de un tema sanitario”, ha defendido.