La Comunidad de Madrid ha defendido este lunes que los test utilizados para el cáncer de cérvix seleccionados por la Administración eran los que presentaban la mejor relación entre calidad y precio, respaldados por la evidencia científica disponible, en consonancia con los estándares nacionales e internacionales y ajustados a la normativa de contratación pública vigente.
Así lo ha expuesto la directora general Asistencial, Almudena Quintana Morgado, durante su comparecencia en la sesión de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones Públicas, donde ha respondido a una cuestión planteada por la diputada socialista Isabel Cadórniga.
"Es un procedimiento técnicamente sólido, jurídicamente garantista y orientado a proteger un programa que prioriza la calidad diagnóstica, la eficiencia del sistema y el interés general", ha recalcado ante las críticas de Cadórniga.
La representante socialista ha sostenido en su intervención que desde el Gobierno regional se estaba perjudicando la salud con un expediente de compras en el que "el sistema no es ni el más fiable y no se ha llevado a cabo ninguna auditoría".
La parlamentaria ha añadido que cuando se "externaliza la tecnología sin control" el problema administrativo acaba convirtiéndose en un riesgo sanitario. "(Este es) Un contrato en el que se pondera una vez más el precio con unos criterios automáticos predominantes y con unos criterios técnicos mal evaluados, porque no están definidos correctamente y siempre ligados a las características que cumple el proveedor, un proveedor concreto", ha criticado la diputada, que también ha afeado que no exista un "indicador clínico vinculante en la fase de ejecución del contrato".
Frente a estas acusaciones, el Ejecutivo autonómico ha reiterado que la adjudicación se realizó aplicando el principio de mejor relación calidad-precio y siguiendo estrictamente los criterios fijados en los pliegos y en la propuesta de contratación.
Quintana ha precisado que el contrato está ligado al Programa Poblacional de Cribado de Cervix, Cervicam, y que cuenta con financiación procedente de los fondos Next Generation, lo que "exigía especial rigor técnico, científico, económico y procedimental".
"Los criterios de adjudicación se diseñaron con el objetivo de seleccionar la oferta que garantizara máxima calidad diagnóstica, solvencia tecnológica, eficiencia operativa y sostenibilidad económica, siempre sobre la base de la evidencia científica disponible", ha señalado.
En este sentido, ha concretado que, del total de la puntuación, el 60% se asignaba al componente económico —entre otros motivos, para asegurar la sostenibilidad del sistema—, mientras que de los 40 puntos restantes, 30 se vinculaban a aspectos técnicos como la capacidad diagnóstica o el nivel de automatización y los 10 finales a "criterios vinculados a la robustez del material" y a la capacidad de garantizar la continuidad asistencial.
"Todos los criterios cualitativos fueron evaluados mediante sistemas de máximo o mínimo o proporcionalidad matemática, lo que elimina cualquier margen de subjetividad y garantiza igualdad entre el trato entre los licitadores. El expediente incorporó mecanismos específicos para la detección de análisis de ofertas anormalmente bajas que pudieran comprometer la viabilidad técnica o la calidad del servicio", ha rematado.