La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha instado este jueves a poner el foco “en los hechos y no en sectarismo” en relación con la situación del Hospital Infanta Leonor, al tiempo que ha sostenido que el Gobierno de España es “el que más contrata y externaliza con la privada” pero de eso “no se dice nada”.
Durante la sesión de control en el Pleno de la Asamblea, Matute ha recalcado que la valoración del centro hospitalario es “excelente” y ha aludido a “datos tozudos”, destacando que los usuarios lo puntúan “con un 8,6 sobre 10” y que “nueve de cada diez pacientes lo recomiendan a sus familiares”. Además, ha remarcado que la Comunidad ha realizado una inversión regional de 22 millones de euros en este hospital.
Sus palabras han coincidido con la convocatoria de una concentración ante la Asamblea de Madrid por parte de las plataformas por la Sanidad Pública de Puente y Villa de Vallecas, en las que participan, entre otras entidades, asociaciones vecinales de ambos distritos, para denunciar la privatización de determinados servicios en el Hospital Infanta Leonor.
En este contexto, la consejera ha reprochado que no se mencione “de la externalización del fracaso del cribado en Castilla-La Mancha” ni tampoco “de las vacunas administradas a bebés en el País Vasco”.
“Claro, son sus socios de Gobierno que les mantienen en el poder”, ha apuntado Matute, que también ha llamado la atención sobre la “reutilización de catéteres que sí se hace y de forma reglada en Cataluña”.
Según la responsable regional de Sanidad, lo que deberían hacer todas las formaciones es “abandonar la hipocresía barata” y respaldar la manifestación sanitaria del 14 de febrero contra un Ministerio de Sanidad al que ha calificado de “absolutamente sectario y corrupto”.
“En Madrid estamos al lado de los profesionales, favorecemos la cohesión, la conciliación laboral, hemos impuesto turnos de 12 horas, damos incentivos en los puestos laborales de difícil cobertura. Y además tenemos los mejores hospitales en los rankings mundiales”, ha defendido la consejera.
De este modo, ha insistido en que se trata de “medidas reales” frente a las “mentiras y corrupción” que achaca al Gobierno central, al que ha acusado de “abandono, falta de inversión y mantenimiento” que, a su juicio, están “degradando la imagen del país”.