Viciana resalta el predominio de plazas en universidades públicas frente a las privadas y critica el decreto de Sánchez

Emilio Viciana, consejero de Educación, Ciencia y Universidades, ha subrayado que en la Comunidad de Madrid las universidades públicas ofrecen el doble de plazas que las privadas, al tiempo que ha criticado duramente el “ataque” del presidente Pedro Sánchez mediante un real decreto que establece nuevos criterios para la creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios en España.

En una sesión del Pleno de la Asamblea de Madrid, el diputado de Más Madrid, Juan Varela, ha expresado su preocupación este jueves por la “grave escasez de plazas públicas en las titulaciones más demandadas” y ha denunciado el “maltrato financiero” a las universidades por parte del Gobierno regional.

“Su objetivo es favorecer a las universidades privadas, que al no ser un servicio público, funcionan como un negocio, ofreciendo solo aquellas titulaciones que la universidad pública no puede cubrir debido a la restricción presupuestaria que ustedes imponen. Además, buscan aplicar a la educación superior el mismo modelo discriminatorio que ya existe en la educación primaria, secundaria y en la formación profesional”, criticó Varela.

Varela también se ha referido a la expansión de la oferta privada, especialmente en modalidad a distancia, de calidad muy limitada, lo que obliga a jóvenes y familias a incurrir en gastos adicionales para asegurar un futuro educativo.

En respuesta, Viciana ha enfatizado la superioridad numérica de plazas en el sector público y ha mostrado su incredulidad ante las críticas, especialmente en una semana marcada por el polémico decreto de Sánchez, que según él, amenaza tanto a las universidades públicas como privadas. “Me parece increíble que tengan el cuajo de plantear esta pregunta precisamente esta semana en la que el gobierno de Pedro Sánchez ha consumado su amenaza contra las universidades públicas y privadas”, declaró Viciana durante su intervención.

Finalmente, Viciana ha reafirmado que el mencionado decreto representa “un ataque a la libertad de cátedra, de empresa, de establecimiento, a la seguridad jurídica y a las competencias”, anunciando que la Comunidad de Madrid presentará una impugnación de la norma ante el Tribunal Supremo.