El director del Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador de la Oficina Anticorrupción y Buenas Prácticas de Navarra (OANA), Iván Razquin, declaró este martes en el Parlamento foral que en la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate “el procedimiento está viciado porque una persona -el presidente de la mesa- tenía más información que los demás”. Según indicó, “recibía las votaciones de los demás”.
Durante su intervención en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas, Razquin sostuvo que la forma de actuar de la mesa “no es normal” y reiteró el criterio de la OANA de considerar esta adjudicación “nula de pleno derecho”. Subrayó que lo sucedido se aparta de los estándares habituales y remarcó que determinar si hay delito o no corresponde a otras instancias, aunque insistió en que “lo que ha pasado no es normal”.
El responsable de la OANA centró parte de su exposición en el sistema de puntuación utilizado, por el cual los técnicos entregaban sus valoraciones al presidente de la mesa. A su juicio, “esto no es normal. Y no me meto en si el presidente votó el último o votó el primero. Tenía conocimiento de las puntuaciones de los demás. Que luego la cambie o no, me da igual, no lo sé ni me importa. Pero eso no se puede hacer. Y por eso nosotros hemos entendido que eso es nulo de pleno derecho, porque no se garantizaron los principios de imparcialidad y de transparencia. Es que todos no han tenido la misma información”.
En este sentido, Razquin advirtió de que “cuando se normalizan prácticas que no garantizan la imparcialidad, la independencia, la transparencia, la objetividad del cumplimiento normativo, estamos ante una declaración administrativa que favorece la opacidad y la impunidad”. Rechazó la justificación de que se haya actuado así en otras ocasiones, al afirmar que “no puede decirse que siempre se ha hecho así porque siempre se ha hecho mal. Eso no vale”.
El director del Servicio de Investigación cuestionó también la actuación del presidente de la mesa, al preguntarse “qué necesidad tenía el presidente de tener los votos de los demás”. Planteó alternativas como que las puntuaciones se entregaran al secretario, “que es el fedatario público”, o que se firmaran los informes con fecha para dejar constancia del momento en que se emitieron. Criticó igualmente que una de las mesas se prolongara más de tres meses, algo que calificó de “anormal” y para lo que reclamó explicaciones.
Razquin apuntó que puede comprender que una mesa de valoración técnica para los túneles de Belate se alargue más que la de un proyecto como el colegio de Arbizu, por su mayor complejidad y cuantía económica, pero insistió en que los hechos analizados no encajan en un funcionamiento ordinario y justifican que se haya abierto una investigación.
Respondiendo a cuestiones de EH Bildu, explicó que en la mesa de contratación de Belate los participantes pudieron expresar su criterio sin cortapisas; “de hecho, la manifestaron libremente”. Recordó que el voto particular emitido por los tres jurídicos de la mesa “es un derecho que se da en la ley foral de Contratos” y que “cada uno lo puede formular, el secretario advirtió a los técnicos, porque seguramente igual los técnicos no lo sabían”.
Preguntado sobre si la deliberación fue adecuada, respondió que “no”. Detalló que “el presidente ejerce las funciones, entiéndase bien, de policía de la mesa. Y el que controla jurídicamente es el secretario”, y consideró que este último debió advertir de que algo no se estaba haciendo correctamente y trasladarlo al presidente, en tanto que máxima autoridad del órgano de contratación.
Razquin, que reiteró su respaldo a los informes elaborados por la OANA sobre los contratos de las obras adjudicadas a Acciona y Servinabar o Alegure, recordó que la presidenta del Gobierno, María Chivite, y el propio Parlamento “pidieron emitir un informe sobre estas cuestiones y se emitió”. Aseguró que “nosotros no hemos visto corrupción”, conclusión a la que llegan con la documentación remitida por los distintos departamentos.
Detalló además cuál habría sido el cauce en caso de haberse presentado una denuncia formal o solicitado un procedimiento de investigación completo: se habría dictado una resolución de inicio, concediendo un plazo de alegaciones a las partes afectadas, seguido de un informe provisional y un informe final antes de la resolución definitiva. En este caso, precisó, solo se trató de una petición de informe, cuyo contenido queda a disposición de quien lo solicitó “con el informe que haga lo que estime oportuno”.
El director explicó que “en el informe se analiza sobre todo si ha habido un cumplimiento de la legalidad o en su caso de los reglamentos, por eso se llaman cumplimientos normativos”. Añadió que “el verdadero carácter de estos informes es informar del estudio que se ha hecho de los expedientes, nada más”.
Defendió igualmente que la OANA no ha invadido las competencias de la Cámara de Comptos. Según expuso, en el caso de Belate, el órgano fiscalizador externo se centró en determinados aspectos, mientras que “como lo relativo a la actuación de la mesa de contratación quedaba fuera de la Cámara de Comptos, se estudiaba por nuestra parte”.
“Burdo y asqueroso”: la supuesta represalia al secretario
En otro momento de la comparecencia, y a preguntas del PPN, Iván Razquin se refirió al cambio de destino del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate, Lorenzo Serena, a Landaben. Consideró que dicho traslado fue “una represalia”, en la misma línea de lo expuesto días atrás por la directora de la OANA, Edurne Eginoa. Calificó lo ocurrido como “burdo y asqueroso” y añadió que “no se puede hacer en el año 2026, es inadmisible”, insistiendo en que “se le represalió, me dan igual los motivos”.