La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Inma Jurío, ha defendido que la Administración foral se sitúa "en unos límites de temporalidad relativamente adecuados". Ha subrayado, no obstante, que es necesario analizar "contrato por contrato" del personal contratado administrativo para comprobar si, conforme a los criterios fijados por el Tribunal Supremo, se ha producido o no un abuso en el uso de la temporalidad.
En el pleno del Parlamento de Navarra, y en contestación a una pregunta formulada por Contigo-Zurekin, Jurío ha recordado que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de unificación de doctrina a partir de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha resolución establece que "no toda contratación temporal de personal laboral determina automáticamente que el mismo sea declarado como personal laboral fijo dentro de las Administraciones Públicas" por el mero hecho de haberse encadenado varios contratos.
De este modo, ha precisado que, para que los empleados contratados durante años por la Administración puedan ser considerados fijos, "es necesario que esa contratación se declare que se produce en fraude de ley" y que, con anterioridad, hayan superado una oposición "que determine que tienen los requisitos necesarios" y aun así no hayan obtenido plaza.
A partir de esta nueva doctrina, la consejera ha señalado que "quedan varias dudas", ya que el TJUE se refiere a una contratación "anormalmente larga", un "criterio jurídico indeterminado que tendremos que definir". Ha añadido que la normativa europea en esta materia "no resulta de aplicación directa a España" y que "somos nosotros en España los que tenemos que desarrollar nuestra propia normativa". En esta línea, ha recordado la convocatoria de una comisión técnica de Función Pública a nivel estatal en la que se constituirá un grupo que "defina qué es contratación inusualmente abusiva" y permita "poder aplicar los criterios".
Inma Jurío ha reiterado que "solo por encadenar contratos temporales no se produce la declaración de su fijeza sino que se establecen una serie de criterios para ello". A partir de ahí, ha dicho, "será la legislación española y, por lo tanto, también la navarra en el margen que nos competa" la que deberá concretar cómo desarrollar y aplicar esta regulación.
En cuanto al impacto de la sentencia en Navarra, la consejera ha apuntado que la Administración foral no cuenta "un gran número" de personal laboral y que el "número mayor" corresponde a contratados administrativos. Ha remarcado, sin embargo, que "eso no lleva a pensar que todos los contratados administrativos lo son en fraude de ley", de modo que "habría que revisar contrato por contrato". Ha animado a que "quien considere que está en su derecho que vaya a los tribunales y, a partir de ahí, fijar normativa".
En este contexto, ha puesto en valor que el Ejecutivo navarro ha sido "especialmente cuidadosos desde el 2021 en establecer las normas para evitar esa contratación fraudulenta, ha establecido medidas, indemnizaciones y sanciones para evitarla". Por ello considera que "estamos en unos límites de temporalidad relativamente adecuados". Ha añadido que "siempre es deseable que se reduzcan" y que el Gobierno foral "está en ese camino de reducir la temporalidad".
Por otro lado, el parlamentario de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido, ha advertido de que persisten diversas incógnitas: "si la doctrina que se va a aplicar es extensible al personal administrativo, cuáles son las pruebas superadas que darían acceso a ese carácter de fijeza, cuál es el límite a partir del cual se establece lo que es un fraude de ley en la contratación, y cómo se podría determinar esa indemnización moral e incluso material".
Garrido ha manifestado que, más allá del grupo de trabajo que se va a poner en marcha, "quien va a decidir van a ser los tribunales". Por ello, ha instado a todo el personal, tanto laboral como administrativo, que entienda que ha sufrido "un abuso de contratación" a acudir a la vía judicial para "reclamar sus derechos".