La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha puesto en valor la “fuerte inyección de fondos públicos” destinada a la dependencia en la Comunidad foral, con un crecimiento del 72% desde 2019. Al mismo tiempo, ha defendido la creación de una red de cuidados con un “enfoque comunitario” orientada a “favorecer la autonomía”.
Durante una interpelación de Geroa Bai en el pleno del Parlamento, Maeztu ha explicado que el progresivo envejecimiento de la población provoca un incremento de personas en situación de dependencia y, en consecuencia, la necesidad de “sistemas sólidos de cuidados de larga duración”. Esto, ha dicho, ha llevado al Ejecutivo navarro a impulsar “un cambio de modelo centrado en la persona y un gran pacto como el Pacto Foral de los Cuidados que ponga a los cuidados en el centro”.
En esta línea, ha abogado por “construir estrategias amplias de prevención, de acompañamiento y de mantenimiento de las capacidades de apoyo a la vida independiente”. Según ha señalado, “no se trata únicamente de ampliar residencias o prestaciones, sino de construir un verdadero sistema público de cuidados que debe integrarse desde un enfoque comunitario, coordinado con los servicios sociales y sanitarios” para “favorecer la autonomía y la permanencia de las personas en sus casas”.
Maeztu ha incidido en que el Gobierno foral “está poniendo recursos económicos” no solo en nuevas infraestructuras y en la financiación de plazas públicas, sino también en “mejorar la calidad de las personas que trabajan en el sector”. En este punto ha destacado el “acuerdo histórico” del convenio colectivo de residencias y centros de día, “que va a mejorar sus condiciones laborales y de calidad del empleo”. Ha admitido que persisten aspectos a corregir y ha prometido “volver a estar por debajo de los seis meses en la concesión de las prestaciones”.
La consejera ha precisado que, desde 2019, “se ha hecho una fuerte inyección de fondos públicos al sistema de cuidados en Navarra”, pasando de 128,9 millones de euros en 2019 a 222,57 millones en 2025, “lo que supone un incremento porcentual del 72% cuando las personas atendidas en este mismo periodo se han incrementado en un 26%”. En paralelo, “se han creado 4.788 puestos de trabajo” vinculados al sector.
En nombre de Geroa Bai, Isabel Aranburu ha defendido la necesidad de disponer de servicios de ayuda a domicilio “potentes en cobertura y en intensidad”, aunque ha remarcado que antes es imprescindible “abordar la financiación, el equilibrio entre servicios y prestaciones económicas y los plazos de todo el proceso referido a las personas con dependencia”. Sobre la aportación estatal, ha opinado que “no puede considerarse suficiente”.
Aranburu ha reclamado la aprobación de una Ley Foral de Dependencia que “deberá ser de acceso universal” y que tenga como metas “asegurar el nivel de prestaciones y servicios al margen de los vaivenes económicos, reordenar la normativa existente, actualizar los perfiles y las ratios de profesionales de los diferentes servicios, homogenizar las prestaciones y atenciones en todo el territorio navarro”, además de “repensar y reconfigurar el copago de los servicios, sobre todo de los centros residenciales”. También ha alertado de la situación de determinados centros en áreas rurales que “en estos últimos años han ido acumulando problemas” y que “han puesto en muy serio riesgo su viabilidad”.
Desde UPN, Raquel Garbayo ha sostenido que “hablar de dependencia en Navarra con gobiernos que se hacen llamar progresistas es sinónimo de suspenso”, aludiendo a las calificaciones del Observatorio de la Dependencia de Navarra desde 2015, “muy diferentes” a las obtenidas cuando gobernaba UPN. Ha señalado que, pese a disponer de “una disponibilidad presupuestaria sin precedentes”, esta no “se ha traducido en una mejora proporcional de los servicios públicos”, y ha denunciado unas listas de espera “que desesperan a las personas afectadas y a sus familias”.
La parlamentaria socialista Olga Chueca ha remarcado la importancia de “reforzar y transformar el sistema de cuidados” pero “no de cualquier manera”. Ha defendido que “la transformación del sistema debe hacerse desde una perspectiva integral, comunitaria, feminista y centrada en la persona”. Aunque ha reconocido que “se ha avanzado mucho en estos diez años”, ha apuntado que persisten desafíos como “reforzar la atención domiciliaria y fomentar los recursos comunitarios”, combatir “las desigualdades territoriales” y “ampliar la atención sociosanitaria”.
Por parte de EH Bildu, Javier Arza ha apostado por “contar con un sistema público y comunitario de cuidados”. Ha admitido que “ha habido avances pero nos queda muchísimo por trabajar” y ha situado como prioridad “la urgente necesidad” de acortar los tiempos de espera para la valoración de la dependencia y aprobar una Ley de Dependencia “propia”. Igualmente, ha instado a “revisar y reforzar” el Servicio de Atención Domiciliaria.
En representación del PPN, Maribel García Malo ha subrayado que “desde que ustedes gobiernan, Navarra ha suspendido en dependencia todos los años excepto en 2022”, lo que, a su juicio, se traduce en una “atención que no llega a tiempo” y en “familias que siguen esperando una respuesta eficaz por parte de la Administración”. Además, ha asegurado que “Navarra gasta menos por persona” en dependencia que la media estatal y ha concluido: “No es una prioridad la dependencia para este Gobierno”.
El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha defendido la “publificación” de los servicios de atención a la dependencia. Ha abogado por orientar los cuidados hacia la “desinstitucionalización” y garantizar una atención “centrada en la persona en su hogar”, así como por “garantizar servicios públicos bien financiados que encajen con las necesidades específicas”.
Por último, Emilio Jiménez, de Vox, ha denunciado que el sistema de dependencia está “fallando estrepitosamente”, con demoras en la valoración “de 15 a 18 meses”. A su juicio, “el problema es la gestión de los recursos, no gastar más sino gastar mejor”. Ha añadido que “a los necesitados les da igual que sea público o privado, lo que quiere es que les atiendan”.