Compromís ha presentado iniciativas tanto en el Congreso como en el Parlamento Europeo para que el Gobierno central y la Comisión Europea determinen si la carta remitida el pasado jueves por la consellera de Educación, Carmen Ortí, a las familias valencianas con motivo de la huelga docente indefinida iniciada esta semana infringe el derecho fundamental a la protección de datos personales.
En la Cámara Baja, el diputado de Compromís integrado en el grupo de Sumar, Alberto Ibáñez, plantea si el Ministerio de Educación tiene previsto actuar ante estos hechos y si los trasladará a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), al entender que se han empleado correos institucionales de la Generalitat con información de carácter personal “para señalar y criminalizar un derecho constitucional como es el derecho a huelga”.
En su iniciativa parlamentaria, registrada este miércoles, Ibáñez detalla que el pasado 7 de mayo la Conselleria de Educación utilizó la aplicación GVA Web Familia 2.0, “medio de comunicación oficial entre la Generalitat y los padres y madres del alumnado valenciano”, para enviar una carta firmada por la consellera en la que se defendían las políticas educativas del Consell “y donde se intentaba enfrentar a las familias y alumnos con los docentes”.
Todo ello, recalca, en un contexto en el que el profesorado de la Comunitat Valenciana mantiene una huelga indefinida para reclamar la mejora de sus condiciones retributivas y de infraestructuras, “a la que, por el momento, la Conselleria y el gobierno encabezado por Pérez Llorca se han negado a negociar”.
Ibáñez respalda las reivindicaciones del profesorado valenciano, centradas en la reducción de ratios, incrementos salariales, aulas climatizadas y más personal de apoyo. “El profesorado valenciano está al límite y no puede más. El gobierno valenciano, en vez de bajar impuestos a los ricos, debería apostar por la educación usar todos los recursos en mejorar las condiciones de la pública”, sostiene en un comunicado.
En el ámbito europeo, el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà, reclama que la Comisión Europea analice si la Generalitat ha quebrantado el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) “mediante el uso reiterado de la plataforma educativa Itaca para el envío de comunicaciones de contenido político a familias y menores de edad”.
En su pregunta, Marzà —exconseller de Educación durante el gobierno del Botànic— denuncia que el Consell ha recurrido de forma continuada al sistema informático Itaca, plataforma de gestión educativa que almacena datos personales de familias y alumnado menor de edad, “para remitir comunicaciones masivas de contenido político sin el consentimiento de sus titulares y para una finalidad incompatible con aquella para la cual fueron recaudadas”.
Según indica, “el primer precedente se produjo en febrero de 2025, cuando el conseller José Antonio Rovira utilizó Itaca para enviar una carta ideológica a más de 570.000 familias en el marco de una consulta sobre la lengua vehicular en los centros escolares. El propio conseller calificó públicamente el procedimiento como *pionero y sin precedentes”.
A continuación, prosigue, “la consellera Carmen Ortí ha repetido el procedimiento enviando a través de Itaca una carta a las familias en vísperas de una huelga indefinida del profesorado, en la que afirmaba que 'ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical'. En ambos casos, subraya, “las asociaciones de familias denunciaron la vulneración del RGPD”; en concreto, de los artículos 5.1.b) (principio de limitación de la finalidad) y 5.1.a) (principios de lealtad y transparencia).
Ante la Comisión Europea, Compromís plantea si la utilización de bases de datos educativas públicas para remitir mensajes de contenido político sin el consentimiento previo e informado de los titulares de los datos supone una infracción del RGPD. “Estamos ante un uso profundamente irresponsable de datos personales de menores y familias por parte de la Generalitat. Las herramientas públicas destinadas a la gestión educativa no pueden convertirse en canales de propaganda política del Consell”, remarca Marzà.
La carta de la consellera y las reacciones
En la misiva, la consellera subrayó que la Generalitat considera que “hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable” y recalcó que “ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical”.
Tras su difusión, PSPV y Compromís acusaron a la Generalitat de vulnerar la Ley de Publicidad Institucional, crítica a la que se sumaron la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Província de Valencia (Fampa-València) y el Sindicat d'Estudiants.
Posteriormente, la consellera defendió que el objetivo de la carta era únicamente “informar a las familias”, al entender que la Conselleria “tiene la obligación de velar” por el alumnado.
En respuesta, Compromís puso en marcha este martes la web https://conselleraspam.com/ para que las madres y padres puedan presentar reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos por la “propaganda” incluida en la carta enviada por la responsable de la política educativa del Consell. En menos de 24 horas se habían registrado 271 denuncias, con datos actualizados hasta las 14 horas de este miércoles.