Compromís ha registrado en Les Corts Valencianes una solicitud para constituir una comisión de investigación sobre la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) en Alicante, a raíz de la controversia generada por una promoción situada en la Playa de San Juan. La coalición critica que “El plan Vive se ha convertido en el plan 'vividores'”.
La petición llega después de trascender que la hasta hace pocos días concejala de Urbanismo, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran como propietarios, con escritura a su nombre, de cuatro de esas viviendas protegidas.
En declaraciones a los medios este lunes, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, y la diputada Mª Josep Calabuig han denunciado que “Hoy sabemos que el plan Vive se ha convertido en el plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos, lo digas cuando lo digas, lo digas el año que lo digas, o lo digas en la legislatura que lo digas, es aprovecharse de la política en beneficio propio”.
Baldoví ha explicado que la formación plantea esta comisión de investigación en Les Corts “para que se aclare qué es lo que ha pasado con esas viviendas de protección oficial que se han adjudicado en Alicante a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP”.
Por su parte, Calabuig ha remarcado que no consideran “de un caso aislado y anecdótico, sino que al final lo que se está haciendo es poner en evidencia y demostrar la estrategia del PP en materia de vivienda: un modelo que deja de lado a las familias y a las personas con rentas bajas y medias para beneficiar a familias y personas con rentas altas, y en concreto a personas que tienen carnet del PP y que viven en el entorno del gobierno autonómico”.
Críticas al modelo de vivienda y a los “sueldazos”
La diputada ha añadido que, para apuntalar ese modelo, “en su momento ya presentaron el plan Vive, en plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública”, lo que permite que “personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos”. A su juicio, “Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas”.
Calabuig ha subrayado que el objetivo de Compromís con esta comisión de investigación “es que esto se investigue y se haga justicia”, especialmente en un contexto en el que “tenemos a familias valencianas que no encuentran un piso y que es muy complicado encontrar una vivienda digna y asequible”. Considera que lo ocurrido en Alicante es “un grito al cielo ya, porque evidentemente lo que hacen falta son medidas y políticas contundentes en materia de vivienda”.
El PSPV se suma y exige responsabilidades “caiga quien caiga”
Después, el PSPV ha comunicado que también ha registrado este lunes en Les Corts una propuesta de comisión de investigación sobre la adjudicación de vivienda pública en la Comunitat Valenciana, a raíz del “escándalo” de Alicante. El diputado socialista José Díaz advierte: “Si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación, los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga. La vivienda pública no es ningún favor, es un derecho”.
En un comunicado, Díaz destaca que “solo en la ciudad de Alicante hay más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno”. Recalca que “Esto no es mala suerte, ni un error administrativo: es un abuso de poder”.
El parlamentario insiste en que la futura comisión no debe limitarse a revisar los casos concretos de Alicante, sino analizar el funcionamiento global del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunitat Valenciana, con el fin de asegurar transparencia, igualdad de acceso y el respeto a la legalidad: “No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política”.