El fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Francisco Ortiz, ha advertido de un incremento “considerable” de los delitos contra la libertad sexual y ha señalado, como una de las posibles explicaciones, el acceso temprano a la pornografía infantil. Ante esta situación, ha defendido la necesidad de reforzar la educación en el entorno familiar y en los centros educativos “en valores de respeto, empatía y conexión con las personas” para que niños, niñas y adolescentes dispongan “una concepción y una valoración correcta” de esta materia.
Ortiz ha intervenido en la comisión de Régimen de las Instituciones de la Generalitat de Les Corts, donde ha presentado la Memoria de la Fiscalía de la Comunitat Valenciana 2025. Ha precisado que en la provincia de Valencia los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 2,8%, mientras que las agresiones sexuales a menores de 16 años han crecido un 118%. En Alicante, estos delitos se han incrementado un 5,5% y las agresiones a menores de 16 años un 12,7%, y en Castellón se ha registrado un descenso del 1%.
En declaraciones posteriores a los medios, ha apuntado que una de las causas que podría estar detrás de este repunte es el acceso a la pornografía infantil, que es “uno de los motivos más relevantes que condicionan en cierto modo la concepción de esa libertad sexual que se ve atacada”. Para revertir esta tendencia, ha insistido en reforzar “el aspecto educativo y docente, entre otras muchas medidas”.
“Hace falta que la infancia y que la juventud tenga una concepción y una valoración correcta de lo que es la libertad sexual”, ha afirmado, subrayando que es “muy importante educar en valores de respeto, de empatía y de conexión con las personas”, dado que la pornografía infantil es “uno de los elementos sin duda que ha supuesto o que produce que haya cada vez un aumento en menores de edad que cometen delitos relacionados con la libertad sexual”.
Aunque ha matizado que el crecimiento de los casos es “limitado” y “no muy amplio”, ha avisado de que se mantiene “durante dos o tres años”, por lo que ha reiterado que el “pronto, rápido y fácil acceso a la pornografía infantil” favorecido por el uso generalizado de las redes sociales “puede ser una de las causas que motive esto”. En todo caso, ha insistido en la importancia de impulsar “una labor de prevención y de educación tanto en el ámbito familiar como en los centros docentes”.
Durante su intervención, ha defendido promover el pensamiento crítico del alumnado y reforzar valores “que a veces damos por sentados” como la tolerancia, la empatía y la solidaridad, “haciendo frente al discurso de odio”. “Hay que evitar el automatismo y el encarcelamiento ideológico”, ha remarcado.
Ortiz ha puesto el foco también en el aumento de delitos cometidos por menores de edad y ha señalado como factores la falta de una adecuada formación afectivo-sexual y el acceso “precoz” a pornografía, que lleva “a la trivialización de las conductas violentas y a una concepción equivocada de las relaciones sexuales libres y consentidas”. “Es evidente que todos debemos tomar conciencia de esta realidad y adoptar cada uno, dentro de nuestras competencias, las medidas necesarias”, ha manifestado.
Al mismo tiempo, ha reclamado como “imprescindible” incrementar la plantilla de la carrera fiscal en la Comunitat Valenciana y revisar la dotación actual de funcionarios de la Oficina Fiscal. “La justicia, aunque coja, siempre termina alcanzando al delincuente, pero unas buenas muletas ayudarían en esa carrera”, ha señalado.
Violencia de género y especialización judicial
En relación con la violencia de género, ha explicado que la Fiscalía ya está especializada al contar con una sección específica y que también lo están los órganos de instrucción. No obstante, ha considerado conveniente que exista una mayor especialización en los órganos de enjuiciamiento, “tanto juzgados de lo Penal en exclusividad como también alguna sección de la Audiencia Provincial”. Ha recordado que existía un proyecto para crear juzgados dedicados en exclusiva a este tipo de delitos.
Ha puntualizado, sin embargo, que cualquier juez “conoce de todos los delitos” y, por tanto, está “perfectamente capacitado para conocer los delitos de violencia sobre la mujer”. Aun así, como mejora para reforzar la protección, y en respuesta a las preguntas de los grupos, ha defendido la conveniencia de contar con jueces especializados en la materia, “como pasa en la Fiscalía”. “Cualquier fiscal podría conocer estos delitos, pero una sección especializada siempre va a estar mejor preparada”, ha explicado.
Preguntado por si esta especialización sería viable con los recursos actuales, Ortiz ha respondido que sí y ha precisado que la idea “no sería a lo mejor la de convertir juzgados que ya existen de lo Penal a hacerlo, sino crear nuevos que tuvieran esta competencia exclusiva”.
Okupación y factores asociados
Respecto al fenómeno de la okupación, ha indicado que los “números objetivos” de la memoria muestran “un muy leve aumento en alguna de las provincias o el mantenimiento del mismo número” respecto al ejercicio anterior. Ha desligado este fenómeno de la inmigración y ha subrayado que se trata de una realidad “muy compleja” que obedece a “muchísimos factores”: “El abanico es muy extenso, es amplísimo”.
Postura de los grupos parlamentarios
En el turno de los grupos, Ana Vega (Vox) ha sostenido que la justicia en España atraviesa “uno de los momentos más críticos”, también en términos de “credibilidad”, y ha cuestionado “hasta cuándo se puede sostener esta situación insostenible sin que repercuta en la confianza de la ciudadanía”. Asimismo, ha pedido detalles sobre el aumento de las agresiones sexuales a mujeres, ha reclamado diferenciar las estadísticas entre “nacionales, nacionalizados y extranjeros”, algo que considera “indispensable para comprender la realidad social”, y ha relacionado este incremento con la inmigración.
Por su parte, Jesús Pla (Compromís) ha preguntado por el número de fiscales “óptimo” para atender las necesidades de la Comunitat y le ha animado a “desmontar ciertas historias que hay por ahí” que generan “alarma” en torno a la okupación. También ha advertido, frente a la propuesta de Vox de segmentar los datos, del peligro de “señalar” a personas “por su color de piel o lugar de nacimiento”.
Desde el PSPV, Xelo Angulo ha responsabilizado a la “mala gestión” de la Generalitat del aumento de los procedimientos penales en el apartado de aforados por cuestiones relacionadas con la gestión de la dana y ha preguntado al fiscal superior si existen indicadores que permitan vincular inmigración y delincuencia, como sostiene Vox con sus “discursos de odio”.
Finalmente, Laura Chulià (PP) ha insistido en la urgencia de ampliar la plantilla de la carrera fiscal de forma “inaplazable” y ha valorado que “poco a poco se va avanzando” en medios materiales y en las necesidades “más básicas”. También ha celebrado que “por fin” todos los grupos parlamentarios reconozcan que hay una “alarma social” por la okupación ilegal: “Es lógico y evidente”.
Delincuencia y nacionalidad en las estadísticas
En su réplica, José Francisco Ortiz ha respondido a Vega (Vox) que sus “consideraciones” no puede valorarlas y ha pedido centrarse en el “trabajo diario” de los fiscales “y no con dos o tres aspectos mediáticos que tienen mucha repercusión”. Ha asegurado que “la gente sigue confiando en la justicia” y ha puesto como ejemplo el aumento de los procedimientos judiciales.
Ha añadido que la delincuencia no se analiza “por nacionalidades” y que esta clasificación no es “relevante” porque lo esencial es “atajar todo tipo de delitos y tomar medidas, con independencia de la persona que lo cometa”. Además, ha invitado a fijarse en “lado positivo” del incremento de los delitos de odio: se denuncian más.