La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha informado de que la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación “ya se encuentra operativa” con el objetivo de ofrecer a las personas afectadas “asesoramiento, prevención y una atención integral y gratuita” en toda la Comunitat Valenciana. Para ello, se han puesto en marcha más de 100 puntos de atención directa, mediante 37 oficinas de atención a víctimas del delito y 66 puntos del Servicio de Orientación Jurídica de Proximidad (Justiprop).
Al mismo tiempo, Camarero ha adelantado en el pleno de Les Corts de este jueves que desde la Conselleria de Vivienda se está impulsando una nueva línea de ayudas, dotada con 250.000 euros, dirigida a “proteger a los propietarios de viviendas frente a la ocupación ilegal”, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.
Estas subvenciones articularán “una respuesta jurídica y económica, orientada a reforzar la seguridad jurídica, recuperar la confianza en el mercado de la vivienda y garantizar el derecho a la propiedad”, dado que el programa cubrirá tanto el asesoramiento legal necesario para recuperar el inmueble como la reparación de los posibles desperfectos ocasionados.
“Frente a una Ley de Vivienda del Gobierno de España que protege más al okupa que al propietario, este Consell actúa con firmeza frente a la ocupación ilegal persiguiendo el delito, dando seguridad jurídica y apoyando al propietario. Y todo ello, sin renunciar a las políticas sociales de acceso a la vivienda”, ha remarcado la consellera.
Camarero ha encuadrado estas actuaciones dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas del Consell que, según ha defendido, supone “un cambio de modelo en la forma de afrontar la ocupación ilegal y la inquiocupación, que se han convertido en un problema de primera magnitud que afecta a miles de propietarios con incidencia directa en la convivencia, el deterioro de los barrios, la inseguridad y la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a la propiedad y la inviolabilidad del domicilio”.
Refuerzo de la seguridad jurídica y coordinación
Para combatir esta realidad, la titular de Vivienda ha puesto el foco en el refuerzo de la seguridad jurídica, con formación específica para Policías Locales a través del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (IVASPE) de la Conselleria de Emergencias e Interior, así como mediante jornadas dirigidas a abogados y personal de las oficinas de atención, organizadas junto al Colegio de Abogados y las universidades.
En esta misma línea, ha subrayado “el impulso a la coordinación institucional” y ha mencionado el convenio de colaboración firmado en 2025 con los administradores de fincas, que facilita distribuir y compartir información sobre las fincas que gestionan; además del trabajo conjunto con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), mediante jornadas que analizan los aspectos jurídicos de la ocupación y difunden los recursos disponibles para hacer frente a esta situación.
Asimismo, la vicepresidenta ha explicado que en el portal web de la Conselleria de Vivienda se ha habilitado “un espacio específico dedicado a la problemática de la ocupación ilegal de viviendas”, que “centraliza información útil y recursos prácticos para la ciudadanía, entre los que destaca la Guía del Plan contra la Ocupación Ilegal de Viviendas, concebida para orientar tanto a propietarios como a profesionales en la materia”.
Falta de vivienda y llamamiento al Gobierno central
Susana Camarero ha sostenido que la ocupación y la inquiocupación son “síntomas de un problema mayor: la falta de vivienda” y ha defendido que el Consell actúa “en todos los frentes: construimos más vivienda, movilizamos suelo, apoyamos a los jóvenes en el acceso a la vivienda y protegemos a los propietarios”.
No obstante, ha alertado de que, “sin una reforma de la legislación estatal, será imposible erradicar por completo este problema, dado que la ocupación incide directamente sobre la oferta de vivienda”. “Miles de viviendas han salido del mercado del alquiler por la inseguridad jurídica en la que nos encontramos”, ha señalado.
Por ello, ha reclamado al Gobierno de España que acometa los cambios legales necesarios para “agilizar los procedimientos judiciales, reforzar la capacidad de actuación inmediata de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y devolver la seguridad jurídica a los propietarios”.