La diputada de Compromís en Les Corts, Mònica Àlvaro, ha denunciado la “gravísima situación de indefensión” que atraviesa el personal sanitario valenciano y ha advertido de que “solo” consta la tramitación de 58 expedientes de denuncia frente a las 1.457 agresiones registradas durante 2025, de acuerdo con los datos facilitados por la Conselleria de Sanidad.
Según ha explicado la parlamentaria en un comunicado, “esta diferencia abismal entre las agresiones sufridas y los procedimientos iniciados demuestra el fracaso absoluto de este modelo de defensa jurídica externalizada”, al tiempo que ha subrayado que las cifras aportadas por la Conselleria dibujan “un escenario desolador”.
Àlvaro ha remarcado que “más del 96% de las agresiones registradas quedan sin respuesta jurídica a través del seguro privado especializado contratado por la Generalitat”, un porcentaje que ha calificado de “vergüenza”: “Tenemos 1.457 trabajadores y trabajadoras públicos del sector sanitario que han sufrido violencia en su puesto de trabajo, pero el sistema solo ha sido capaz de articular 58 expedientes. ¿Qué ha pasado con el resto? ¿Dónde está el apoyo de la Generalitat a sus trabajadores y trabajadoras?”.
En su opinión, con estos datos “ha quedado demostrado que contratar una aseguradora no es la solución”. A su juicio, “lo que estamos viendo es que este sistema privatizado no es el adecuado y en vez de acompañar a la víctima, la desanima a seguir con el procedimiento de denuncia”.
Desde Compromís consideran que el hecho de que la Conselleria de Sanidad “no haya cambiado la estrategia en el sistema de defensa de sus profesionales es buena muestra de la desidia en la gestión de los recursos humanos que está caracterizado a este gobierno”: “Sanidad está pagando un seguro que no da servicio a quien lo necesita. Mientras la cifra de agresiones sube, la efectividad de la defensa jurídica baja”.
Ante esta situación, la formación reclama revisar el contrato con la aseguradora y reforzar los servicios jurídicos propios de la Generalitat para asegurar que ninguna agresión “quede impune”.
Àlvaro ha concluido que “no podemos permitir que nuestros médicos, enfermeras y personal administrativo tengan miedo de ir a trabajar. La Consellería tiene que asumir su responsabilidad, dejar de lado las recetas de privatización que han demostrado ser inútiles y ofrecer una protección jurídica real, directa y efectiva”.