QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Compromís ha realizado un balance de los dos años con Carlos Mazón como líder de la Generalitat, describiéndolo como el peor gobierno que han experimentado los valencianos en la historia de su autonomía, y ha criticado el salario anual de 75000 euros que se ha asegurado el jefe del Consell. La coalición ha prometido que luchará con firmeza para que un ‘president’ que no ha estado a la altura no reciba un salario que no se merece.
‘Mazón no merece que los valencianos le paguen 75000 euros al año, habiendo sido el ‘president’ más negligente que hemos tenido, que no estuvo en el momento en que tenía que estar, que prefirió estar en un restaurante cuando la gente se estaba ahogando, que no convocó a los sistemas de emergencia, que no estuvo en el Cecopi. En definitiva, un gobernante que no cumplió sus obligaciones en el peor día de los valencianos en los últimos años’, afirmó Joan Baldoví, síndic de Compromís en Les Corts, durante una declaración a los medios este lunes, flanqueado por una docena de diputados que mostraron carteles con los lemas ‘No a la paguita’ y ‘Mazón dimisión’.
Baldoví ha resaltado que esta forma de gobernar de Mazón comenzó ‘desde el primer día, desde el primer pacto de la servilleta con Vox’, y ha reiterado que el jefe del Consell ‘tendría que haber dimitido’ por su manejo de la dana del 29 de octubre al no haber estado a la altura de las circunstancias.
RECORTES EN EDUCACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE SERVICIOS SOCIALES
En el ámbito educativo, Compromís ha denunciado el recorte de ‘más de mil profesores’ en diferentes niveles educativos y de ‘más de 600 millones en construcción de escuelas’. José Antonio Rovira, el responsable de esta área, también encargado de cultura, ha sido señalado por no reunirse con representantes del sector cultural, que según Baldoví, ha sido abandonado.
En cuanto a servicios sociales, la coalición ha criticado el desmantelamiento y la privatización de estos servicios, destacando el retroceso sin precedentes bajo la gestión de la vicepresidenta primera, Susana Camarero, quien, según sus palabras, busca beneficiar a empresas privadas extendiendo las listas de espera y la dependencia.
En materia de vivienda, Baldoví ha criticado la falta de regulación de precios y el desarrollo de planes favorables a los constructores que incrementan el costo de la vivienda pública. Además, ha condenado el recorte de derechos fundamentales a raíz del acuerdo del PP con Vox, incluyendo derechos de la comunidad LGBTI y la negación de la violencia de género.
En el sector sanitario, el titular Marciano Gómez ha sido criticado por priorizar los intereses de la sanidad privada sobre el servicio público valenciano.
Por otro lado, Isaura Navarro, portavoz adjunta, ha acusado al Consell de desmantelar las medidas de transparencia y rendición de cuentas, llevando a una fase de opacidad. Además, ha cuestionado el enfoque del vicepresidente segundo, Francisco José Gan Pampols, en el proceso de reconstrucción post-dana, delegando tareas esenciales a empresas privadas.
Finalmente, Paula Espinosa ha criticado el modelo territorial del Consell, que en su opinión, favorece el negocio territorial sin considerar la ciencia ni los efectos del cambio climático.
