El PP ha presentado este jueves en Les Corts su propuesta de plan de trabajo para la comisión de investigación sobre las viviendas de protección pública (VPP), en la que deja fuera la comparecencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón, del actual jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, y de la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero. En contraste, Vox sí reclama que Barcala declare ante este órgano, mientras que PSPV y Compromís exigen que comparezcan tanto el primer edil como Mazón, Llorca y Camarero.
Esta comisión, impulsada y presidida por Vox, se constituyó el pasado 5 de marzo. La mesa quedó integrada por Ana Vega (Vox) como presidenta, Joserra González de Zárate (PP) como vicepresidente y Mª José Salvador (PSPV) como secretaria. El pleno de Les Corts dio luz verde en febrero a la creación de esta comisión a propuesta de Vox, con el respaldo del PP y Compromís y la abstención del PSPV.
El objetivo del órgano es analizar las adjudicaciones de VPP en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan (Alicante) y envuelta en la polémica por haber resultado beneficiarios cargos del Ayuntamiento de Alicante y personas de su entorno, así como revisar todas las adjudicaciones de la actual legislatura que se incluyan en el plan de trabajo.
Por parte del PP, la relación de comparecientes incluye a la jefa del Servicio Territorial de Vivienda de Alicante, Concepción Morillas; al secretario territorial adjunto de Vivienda, Vicente Cartula; y al funcionario del Servicio Territorial de la Conselleria de Vivienda Roberto Palencia, que visó los acuerdos de compra de los 140 pisos de Les Naus, entre ellos el de su esposa, y fue expedientado por la Generalitat y suspendido de empleo y sueldo.
El grupo popular propone además citar al concejal de Contratación, Manuel Villar; a la exconcejala de Hacienda Sofía Morales; a la exedil Rocío Gómez --que dimitió tras ser adjudicataria de una vivienda--; al exconcejal de Contratación entre 2015 y 2017, Natxo Bellido, y al que ocupó el área entre 2019 y 2023, Adrián Santos.
Los 'populares' plantean igualmente la comparecencia de la exdirectora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos y jefa del servicio de Contratación, María Pérez-Hickman, de los arquitectos municipales de la Concejalía de Urbanismo y del Patronato Municipal de Vivienda, del gestor de la cooperativa Les Naus y del presidente, la vicepresidenta y la secretaria del residencial, hasta sumar 25 nombres de distintas administraciones.
En cuanto al funcionamiento de la comisión, el PP propone que se reúna al menos una vez al mes y fija un esquema de intervenciones con 3 minutos iniciales para cada grupo parlamentario, 15 minutos para el compareciente, un segundo turno de 6 minutos por grupo y un cierre del compareciente de otros seis minutos, el mismo modelo que se sigue en la comisión de investigación sobre la dana.
Las propuestas de Vox, PSPV y Compromís
Vox ha registrado un listado de 81 comparecencias, entre las que solo figuran cinco representantes de la Generalitat: el director general Juan Antonio Pérez, el director territorial Juan Manuel Galbis, la jefa de servicio Concepción Morillas, el secretario Vicente Caturla y el funcionario Roberto Plasencia. En el ámbito municipal, reclama que declaren el alcalde, Luis Barcala, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez y otros ediles y técnicos del Ayuntamiento.
Además, este grupo quiere que pasen por la comisión 37 personas adjudicatarias de las viviendas, los responsables de las empresas vinculadas a la promoción y la redactora jefa de Información, Mercedes Gallego, dado que este diario publicó la exclusiva sobre el caso. En su propuesta de calendario, Vox plantea que la comisión se prolongue un año, con al menos una sesión mensual, turnos sucesivos de pregunta y respuesta entre diputados y comparecientes y un máximo de 10 minutos por grupo para cada intervención.
El PSPV, por su parte, reclama la comparecencia de Barcala, Camarero, Mazón y Llorca, tal y como ha avanzado en un comunicado la secretaria general del partido, la ministra Diana Morant. También solicita acceso a todos los expedientes “bajo sospecha” y a los testimonios “de todos los responsables políticos para que expliquen si conocían los hechos y por qué no se tomaron medidas”.
En el ámbito del Ayuntamiento, los socialistas quieren citar a los exconcejales Rocío Gómez y Antonio Gallego, al actual edil de Vivienda y presidente del Patronato de Vivienda, Carlos de Juan; a la concejala de Patrimonio, Nayma Beldjilali, y al responsable de Urbanismo, Antonio Peral. Entre los perfiles técnicos, piden que declaren Pérez-Hickman, el funcionario expedientado, el secretario territorial adjunto de Vivienda, el director territorial o dos arquitectos de Urbanismo, así como el representante de la cooperativa Les Naus y varios adjudicatarios.
El PSPV propone que la comisión se reúna al menos dos veces al mes, con un primer turno del compareciente de 10 minutos, intervenciones de seis minutos por grupo, un segundo turno del compareciente de cinco minutos, otro de tres minutos para cada grupo y un cierre final del compareciente de tres minutos. “Esperamos respuestas y asunción de responsabilidades por parte de los responsables”, ha defendido Morant, que ha avisado de que este espacio “no puede ser un mero trámite” y ha instado al PP a que “esté a la altura y no bloquee la verdad”.
Compromís ha registrado una propuesta con 47 comparecencias, incluyendo las de Barcala, Mazón, Llorca y Camarero. La diputada valencianista Mª José Calabuig ha reclamado “la máxima transparencia en la comisión”, aunque ha admitido que desconfía de que se produzca porque considera que “PP y Vox no quieren que realmente se investigue lo que ha pasado y será un calco de la comisión de la dana” en Les Corts.
La coalición subraya la necesidad de que declare Barcala, porque “evidentemente puede tener una responsabilidad directa y sabía lo que estaba pasando”; Mazón, como “responsable principal de la normativa que abrió la puerta a esta estafa de Les Naus”, y Llorca y Camarero como “herederos” de ese decreto. Compromís defiende que la comisión verifique si las adjudicaciones y la venta de los terrenos se ajustaron a derecho con transparencia y neutralidad y si se trata de un caso aislado.
El grupo reclama también la comparecencia de los secretarios autonómicos y directores generales Sebastián Fernández, Juan Antonio Pérez y Estefanía Martínez y de otros cargos del Consell. En el Ayuntamiento, además de Barcala, pide citar a la exedil Rocío Gómez y a su sucesor, Antonio Peral, al vicealcalde, Manuel Villar, al exconcejal Antonio Gallego, a los ediles Beldjilali y De Juan, a Pérez-Hickman, a técnicos, interventores, funcionarios y a un inspector de la Policía Local.
Compromís plantea que acudan “técnicos que tuvieron responsabilidades o que intervinieron en cualquier punto del procedimiento en los expedientes”, entre ellos el administrador único de Fraorgy SL (apoderada de la cooperativa de Les Naus), Francisco Ordiñana; el notario José Mª Izaguirre y el exjefe de gabinete de la consellera de Industria, Miguel Ángel Sánchez. También propone que entidades como Reapsha, Cáritas o el Sindicat d'Habitatge de Carolines designen a sus propios comparecientes.
En su propuesta de calendario, la coalición fija una duración inicial de seis meses para la comisión, ampliable si fuera necesario, y reclama que se ponga en marcha “con la máxima celeridad”. Defiende un formato de pregunta-respuesta en el que los comparecientes contesten “de forma clara y concreta”, con un máximo de 20 minutos por grupo en cada turno.