La comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts ha dado luz verde este lunes a una enmienda del PP al proyecto de ley de la Generalitat de medidas urgentes frente a la hiperregulación, para agilizar procedimientos y asegurar la unidad de mercado —el denominado plan Simplifica 2— con el fin de que todas las familias con menores con discapacidad puedan beneficiarse de desgravaciones fiscales en la Declaración de la Renta de 2025.
El PP ha registrado en total 34 enmiendas, además de once transaccionales pactadas con Vox, que han sido aprobadas gracias al respaldo conjunto de ambas formaciones. Únicamente ha quedado una enmienda de los 'populares' pendiente para su debate y votación en el pleno. En contraste, todas las propuestas de modificación presentadas por PSPV y Compromís han sido rechazadas.
Desde el PP, Mª Carmen Contelles ha precisado que mediante una de sus enmiendas se ha incluido una “aclaración” relativa a la deducción fiscal, incorporando también los supuestos de discapacidad en revisión. “Se van a poder deducir en la Renta de este año todos los menores que tienen la discapacidad en revisión y no la permanente, recogiendo el criterio de Cermi”, ha señalado.
“Las familias se lo pueden deducir ya y se garantiza que ninguna familia con niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad intelectual o trastornos de neurodesarrollo pierda los beneficios fiscales que venía disfrutando y cuenten con esta ayuda en su declaración de IRPF”, ha valorado.
La diputada ha subrayado que la burocracia “provoca incertidumbre y produce agobio a empresas, ciudadanos y familias”, por lo que ha defendido que esta modificación “es urgente” y consolida “un proceso de simplificación que consolida el cambio de modelo diferente al del Botànic”.
“El PSPV y Compromís solo han buscado con sus enmiendas poner más trabas y más burocracia a una ley que, precisamente, lo que busca es combatir la hiperregulación que provoca retrasos. Pretenden incrementar la burocracia revestida de controles, intentando volver a la situación inicial, lo que no tendría ningún sentido”, ha criticado.
Además, ha reprochado a ambas formaciones que en ocho años “no hicieron nada para reducir la burocracia y ahora pretenden poner trabas para evitar esta reforma urgente y poner palos en la rueda a la simplificación y agilización de procesos para evitar la parálisis”.
Dejar atrás la “cultura de la desconfianza”
Vox, por su parte, ha planteado 18 enmiendas con las que pretende pasar “de la cultura de la desconfianza y la hiperregulación a la de la responsabilidad, eficiencia y progreso”. “Necesitamos acabar con las normas inútiles, con los órganos duplicados y con el intervencionismo”, ha defendido la diputada Teresa Ramírez.
En esta línea, ha apostado por “facilitar las gestiones a los ciudadanos, reducir los tiempos y trámites porque cada semana de retraso en una licencia, es una oportunidad perdida”: “Estas enmiendas dan respuesta a necesidades reales de los ciudadanos y eliminan los obstáculos que separan la administración de la calle”.
Entre sus propuestas, Vox plantea impulsar la historia social única para integrar en un único expediente todas las ayudas que recibe cada persona y así “evitar duplicidades” de concepto, prevenir abusos y reforzar el sistema asistencial. También propone reservar plazas para militares de complemento y profesionales de tropa y marinería en las convocatorias de acceso a los cuerpos de Policía Local.
Asimismo, reclama que los informes previos a la elaboración de normas valoren el impacto social y económico sobre los negocios con menos de 10 trabajadores, además de reconocer el derecho al error administrativo para favorecer la “subsanación temprana de errores” y permitir su corrección mediante procedimientos “ágiles y automatizados”.
Otra de sus propuestas pasa por ampliar la superficie exenta de licencia municipal, elevándola de 750 metros cuadrados a 2.500, con el objetivo de “incentivar las aperturas de nuevos comercios e impulsar la actividad económica”.
“Siempre hemos dicho que por cada norma que entre hay tres que deben salir. Debemos simplificar y por ello aquí están nuestras enmiendas que van a derogar varias normas que están obsoletas”, ha enfatizado Teresa Ramírez, que ha añadido: “Quien cumple la ley en España no tiene que volver a empezar desde cero. Se debe revisar cada año la normativa para eliminar los requisitos que sean más restrictivos aquí que en otros puntos de España”.
Al mismo tiempo, ha asegurado que su grupo exigirá a la Generalitat que apruebe normas que “no pongan trabas” a empresas y profesionales de otras autonomías para atraer nuevos talentos. “Esto sí que es simplificar y facilitar la vida al autónomo y a la pequeña y mediana empresa”, ha defendido.
Críticas del PSPV y Compromís
Bajo el epígrafe “deriva irracional”, el PSPV ha registrado más de 80 enmiendas con el propósito de “corregir esta deriva irracional y revertir buena parte de los cambios” que recoge el texto. En el ámbito territorial, se centran en aspectos con repercusiones en la seguridad jurídica de futuros proyectos, según ha explicado la socialista Rosario Navalón.
Entre ellas, figura una enmienda que incorpora un párrafo para “blindar que ninguna actuación urbanística que implique una ocupación estable del territorio sea posible en los primeros 500 metros desde el límite interior de la ribera del mar”.
Compromís, por otro lado, ha calificado el texto como un “decretazo de demolición de garantías y derechos” y ha reprobado que “del Consell de Carlos Mazón se venda como la gran solución cuando es un decretazo de demolición de garantías y derechos” y que conlleva “menos controles”. Con su batería de enmiendas, la coalición plantea un modelo de Comunitat Valenciana “más justo y democrático”.
Entre sus propuestas, Compromís reivindica la calidad democrática y el control jurídico, defiende que la Generalitat actúe como una Administración “ejemplar y no una empresa más”, impulsa la participación y la transparencia, busca vincular “política social y política fiscal” y apuesta por una digitalización “con derechos”.
La diputada Aitana Mas ha advertido que las enmiendas de Vox suponen que, por ejemplo, “una gran empresa como Mercadona podría instalarse en un municipio sin pedir ni un solo papel de licencia” y ha censurado que esta formación plantee dar “barra libre” a la apertura de las comercios. También ha cuestionado la propuesta de reservar plazas para militares: “Es como poner un pulpo en una sabana”.