PSPV y Compromís han exigido que la comisión de investigación en Les Corts sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública (VPP) “no sea una farsa”, mientras que el PP ha reiterado que no tienen “nada que ocultar” y que por ese motivo respaldarán este jueves la iniciativa de Vox para poner en marcha este órgano.
En la sesión plenaria de este miércoles por la tarde se han discutido las propuestas de PSPV, Compromís y Vox para constituir una comisión de investigación específica. El PP ha precisado que únicamente apoyará la de Vox, al entender que las planteadas por los grupos de izquierdas buscan “manchar la política”.
De este modo, la propuesta de Vox saldrá adelante en la votación de este jueves con el apoyo de los dos grupos de la derecha. Compromís y PSPV habían sido los primeros en registrar sus solicitudes de comisiones de investigación para depurar posibles responsabilidades políticas.
Después, Vox presentó su propia iniciativa para investigar las adjudicaciones de VPP tanto en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan (Alicante), como de “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo”.
El origen de la polémica está en que la ya exconcejal de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, familiares de la también dimitida directora general del Ayuntamiento, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran entre los adjudicatarios de estas VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció a la jefatura de gabinete de la Conselleria de Industria tras conocerse que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas. Una jueza de Alicante ha incoado diligencias previas tras recibir una denuncia sobre estas adjudicaciones.
Durante el debate, la diputada de Compromís Mª José Calabuig ha recalcado que “este caso de presunta corrupción tiene nombres y apellidos”, señalando al ‘expresident’ de la Generalitat Carlos Mazón y a la vicepresidenta y consellera de Vivienda, Susana Camarero.
Calabuig ha responsabilizado al Consell de haber eliminado controles en el proceso de adjudicación de VPP mediante un decreto aprobado en 2024. “Cuando el PP dice ‘vamos a simplificar’, van a saquear las viviendas públicas”, ha afirmado.
Igualmente, ha reclamado “que se devuelvan los pisos” adjudicados de forma irregular y que el plan de trabajo de la comisión de investigación se pacte entre todos los grupos de Les Corts, con la finalidad de que “se investigue cada documentación y cada adjudicación”.
Desde el PSPV, José Antonio Díaz ha criticado que se hayan adjudicado VPP “en una urbanización con pista de pádel y piscina, a mitad de precio” y que estén “okupadas por cargos del PP”, al tiempo que ha traído a colación una reciente información sobre la muerte de una persona sin hogar en una calle de Alicante.
“Camps irá allí a hacer campaña” y acusaciones de abismo moral
“Esa urbanización se ha convertido en una de las agrupaciones más grandes del PPCV. Imagino que Camps, en el futuro congreso, probablemente irá allí a hacer campaña”, ha ironizado, en referencia al ‘expresident’ Francisco Camps y a su aspiración de volver a liderar el PP valenciano.
Para el diputado socialista, la controversia en torno a estas VPP representa “un abismo moral” que Les Corts tienen “la obligación” de investigar. “No vamos a convertir que se convierta en una farsa”, ha avisado al PP, al que ha reprochado carecer de un modelo sólido de vivienda pública.
También ha destacado que “el inicio del procedimiento fue a los tres meses de llegar Luis Barcala al Ayuntamiento de Alicante, gracias a una tránsfuga”, y que la primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción fue registrada por el grupo municipal socialista.
Por su parte, el síndic del PP, Nando Pastor, ha reiterado que su grupo solo apoyará la propuesta de comisión de Vox, al entender que “lo único que quieren” PSPV y Compromís es “manchar la política que ha dado resultados”, según él, en materia de vivienda por parte del actual Consell.
El dirigente ‘popular’ ha defendido la necesidad de “analizar un asunto de interés público y depurar responsabilidades políticas”, pero ha remarcado que el Consell ya ha cesado a un funcionario y ha remitido la información a la Fiscalía “por si fueran constitutivos de delito”.
“No tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que tapar. Somos nosotros quienes hemos ido a Fiscalía”, ha insistido, al tiempo que ha criticado que los grupos de izquierda rechazaran en los últimos años otras comisiones de investigación vinculadas con la exvicepresidenta Mónica Oltra, con Francis Puig (hermano del ‘expresident’ Ximo Puig) o con el incidente del tren en el incendio de Bejís.
Vox reclama “luz y taquígrafos” y cuestiona al Ayuntamiento de Alicante
Desde Vox, Miguel Pascual ha apostado por combatir “todo tipo de corrupción” y ha defendido que su partido nunca ha “mirado hacia otro lado” cuando ha percibido “sospechas” de posibles “irregularidades”. Por ello, ha exigido “luz y taquígrafos” para que el caso de las VPP de Alicante sea “corregido” y “nunca más vuelva a ocurrir”.
“Parece mentira que tras 20 años sin haber ejecutado ni una sola vivienda de protección pública en Alicante, la primera noticia no sea su entrega a los vecinos, sino el trapicheo y la falta de control por parte del Ayuntamiento de Alicante y también por parte de la Generalitat Valenciana”, ha lamentado, defendiendo la necesidad de “investigarlo para saber qué ha sucedido”.
No obstante, ha subrayado que, para “mayor indignación”, cuando se le pide al alcalde de Alicante, Luis Barcala, que aclare “todas y cada una de estas preguntas que se le formulan”, este “no es capaz de contestarlas”. Por ello, ha considerado que “todo apunta a que algo no ha funcionado correctamente”, máxime cuando el consistorio alicantino era “conocedor de todo esto”: “Había sido alertado por parte de alguna de sus concejalías meses antes de que todo esto saliese en los medios”.
A su entender, da la impresión de que “todo el Ayuntamiento de Alicante era conocedor de esta promoción a excepción del alcalde”. En cualquier caso, ha sostenido que, ya sea por “ignorancia” o por “competencia”, Barcala “debería haber dimitido desde el minuto uno por propia decencia”.
Además, ha remarcado que esta controversia no “se enmarca exclusivamente a nivel municipal”, puesto que ni el Servicio Territorial de Vivienda ni la Conselleria “han sabido estar a la altura de las circunstancias”, y ha cuestionado que la “máxima explicación” ofrecida por el Consell sea que el “técnico que tenía que revisar los contratos de compra fue puesto a dedo por Compromís”. “¿Y quién lo mantuvo ahí durante tres años?”, ha planteado.
Al mismo tiempo, ha defendido que la Comunitat Valenciana no puede “seguir arrastrando las consecuencias” del Botànic y que es necesario “devolver la dignidad a las instituciones”.