PP y Vox han cerrado este martes un acuerdo sobre varias enmiendas de aproximación al proyecto de ley de reforma de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). Entre las principales modificaciones figura el aumento de 12 a 15 meses del periodo mínimo de residencia continuada en la Comunitat Valenciana para poder solicitar la prestación, así como la consideración como infracción muy grave de la “situación de ocupación de una vivienda sin título habilitante” cuando esta haya sido “acreditada mediante resolución judicial firme”.
Las enmiendas se han presentado en Les Corts alrededor de las 10.10 horas, apenas veinte minutos antes del inicio de la comisión de Familia, Política Social e Igualdad, que tenía previsto debatir y votar el proyecto de ley. PSPV y Compromís han censurado esta forma de proceder, que han llegado a calificar de “bochorno” y de “ridículo espantoso”, y la han interpretado como una muestra del “talante democrático” de PP y Vox.
En las enmiendas transaccionales, ambos grupos añaden al término “violencia sobre la mujer” el de “violencia intrafamiliar” y eliminan el carácter “indefinido” de la RVI para sustituirlo por la definición de prestación de carácter “periódico y vinculado al mantenimiento de los requisitos y condiciones que originaron el derecho a su percepción”.
De este modo, se fija una duración inicial de seis años, renovables. “Transcurridos los cuales, dicha renovación se efectuará cada tres años en las condiciones que se establezca reglamentariamente, y siempre que persista la situación de vulnerabilidad social y económica que motivó su reconocimiento”.
Asimismo, se eleva a 15 meses el requisito de residencia habitual continuada en la Comunitat Valenciana. De forma excepcional, cuando no sea posible el empadronamiento, se prevé que el requisito de residencia se considere cumplido si se acredita la permanencia efectiva mediante la Tarjeta Sanitaria Individual (SIP), la inscripción como demandante de empleo, la escolarización de hijos o hijas o la ocupación de una plaza de acción concertada en el ámbito de atención a personas en riesgo de exclusión de colectivos vulnerables.
El texto pactado también elimina la opción de eximir de los periodos mínimos de residencia a quienes sean titulares de una renta mínima en otra comunidad autónoma y trasladen su domicilio a la Comunitat. En los supuestos de ser víctima de violencia sobre la mujer y/o violencia intrafamiliar, se añade la exigencia de que se haya constituido “una nueva unidad de convivencia”.
Obligaciones y Planes de Atención
En el capítulo de obligaciones de las personas beneficiarias de la RVI, se incorpora el deber de garantizar, cuando existan menores a cargo, la escolarización y asistencia al centro educativo durante la etapa obligatoria. También se precisa que, si el menor dispone de una plaza gratuita de 0 a 3 años, no se considerarán faltas de asistencia las ausencias comunicadas al centro por progenitores o tutores.
En lo relativo a los Planes de Atención Individual de Inclusión (PAI), se detalla que deberán “ajustarse a las prioridades, capacidades y circunstancias de las personas a quienes se dirige y adecuarse a un modelo integral de intervención, contemplando todas las actuaciones que se consideren necesarias para la consecución de los objetivos de inclusión, tanto desde el ámbito de los servicios sociales como, en su caso, de los de empleo y formación, educación, vivienda, salud, deporte y cultura con igualdad de oportunidades”.
Se establece igualmente que todas las personas mayores de 16 años de la unidad de convivencia “deberán conocer, suscribir y participar activamente en el PAI” y que su participación “tendrá carácter obligatorio” para conservar el derecho a la RVI. La decisión sobre posibles exoneraciones temporales o parciales del PAI recaerá en las personas profesionales de referencia de intervención social de atención primaria.
Entre las actuaciones específicas se incluyen “aquellas que garanticen la alfabetización y el aprendizaje del idioma, la participación social, cultural y comunitaria, promoviendo la convivencia desde el respeto a los valores democráticos, constitucionales y estatutarios y a los derechos fundamentales, que facilite la inclusión y el acceso a empleo y que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres, renunciando a cualquier práctica que atente contra la dignidad e integridad de la infancia y las mujeres”.
Créditos presupuestarios e infracciones muy graves
Otra de las modificaciones introduce que los créditos destinados al pago de las prestaciones económicas reguladas en la ley tengan la consideración de créditos ampliables en los presupuestos de la Generalitat, de forma que puedan incrementarse si es necesario para atender la demanda.
En materia sancionadora, se incorporan dos nuevos supuestos de infracción muy grave: por un lado, “haber sido acreditada, mediante resolución judicial firme, la situación de ocupación de la vivienda sin título habilitante” por parte de personas beneficiarias de la RVI; por otro, la constatación de que en la unidad de convivencia existan “prácticas denigrantes contra la infancia o la mujer, que sean contrarias al principio de igualdad o que atenten contra los valores convivenciales”.
Choque político en Les Corts
Durante el debate, Elena Bastidas (PP) ha defendido que la RVI “necesita una actualización”, ha subrayado la “práctica unanimidad” de los grupos durante la tramitación y ha asegurado que las enmiendas del PP buscan “reforzar la seguridad jurídica” de la ley, mientras que las de Vox “conectan con la corresponsabilidad en procesos de inclusión social”. “Las políticas sociales deben desarrollarse siempre dentro del respeto al marco de la legalidad”, ha insistido.
Desde Vox, Miriam Turiel ha reivindicado que su formación ha logrado con estas enmiendas “que se amplíe el tiempo de residencia necesario para poder acceder a la RVI”, algo que considera “esencial” porque quieren “defender a los de dentro, a los españoles primero y no solamente en un plano discursivo o en un plano más abstracto, sino en la vida real, en la práctica y siempre que podamos lo haremos porque hacer lo contrario es una estafa para los de fuera y una injusticia para los de dentro”.
“También queremos evitar e impedir que se beneficie a aquellos que delinquen, a las personas que además ocupan viviendas ilegales. Queremos prohibir también las prácticas denigrantes contra la mujer, como la imposición del burka o prácticas salvajes contra niñas”, ha añadido.
Por su parte, Silvia Gómez (PSPV) ha acusado al PP de impulsar una política social “destructora” y ha reprochado a Vox que pretenda imponer la “integración” frente a la “inclusión”. Ha denunciado que ambas formaciones “atacan a las personas más vulnerables” con esta ley en busca de “rédito electoral” y ha advertido: “Estamos ante la extrema derecha más racista y xenófoba”, criticando además a los populares por “tragar”: “Vox no gobierna, manda (...), les está chupando la sangre”.
Francesc Roig (Compromís) ha sostenido que PP y Vox han borrado de la norma “las referencias a la violencia de género” y les ha acusado de “racismo”, aunque intenten “maquillarlo”, y de instaurar un “régimen sancionador” centrado en el “castigo y mano dura a las personas más vulnerables”. “Quieren obligar a la gente a pasar por el aro. ¿Qué inclusión es esta?”, les ha interpelado.
El diputado de Compromís también ha afeado al PP que haya dejado el texto “en manos de Vox” y, aunque ha reconocido que ha habido intentos de “diálogo”, ha lamentado que hayan quedado “en saco roto”: “Lo que habéis hecho hoy es de una baja cultura democrática”.