PP y Vox responsabilizan al Gobierno de España de la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 por su actuación previa, durante y posterior a la emergencia que causó 230 fallecidos, destacando la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la "deficiente" gestión de la información. En el lado contrario, PSPV y Compromís reprochan a ambas formaciones haber pasado "el rodillo parlamentario" para "mantener un relato de infamia" y así "no asumir la responsabilidad" del Consell e impedir que "se sepa la verdad".
Estas posiciones se plasman en las propuestas de dictamen registradas por los grupos para la comisión de investigación sobre la dana en Les Corts, cuyos trabajos concluirán este mes de mayo. El plazo para presentar los textos terminaba este viernes a las 14.00 horas.
El lunes 18 se reunirá la ponencia encargada de elaborar el dictamen y, a partir del día siguiente, se abrirá un periodo de cinco días hábiles para introducir enmiendas. Este tramo concluirá el lunes 25 a las 14.00 horas y el miércoles 27 se debatirá y votará en la propia comisión. Tras su aprobación, el dictamen deberá elevarse al pleno de Les Corts.
Por un lado, el PP ha registrado un documento de 104 páginas en el que sostiene que la conclusión "más evidente" de la comisión y la "lección que nos ha dejado la dana" es que "no basta con reaccionar cuando llega la emergencia": "La verdadera protección comienza mucho antes, con la prevención, la sensibilización y formación de la población con protocolos de actuación eficaces".
En este texto, los populares remarcan el "papel fundamental" de las infraestructuras hidráulicas y defienden impulsar colectores, presas, canales de drenaje y sistemas de retención, así como su adaptación a un contexto "más exigente". Subrayan, no obstante, que ninguna de estas actuaciones "será suficiente si no existe una responsabilidad compartida entre todas las administraciones".
Además, el PP concluye a partir de las comparecencias que "se puede concluir que el Gobierno de España y sus organismos no estuvieron a la altura de las circunstancias: bien por omisión, falta de comunicación o retrasos administrativos que paralizaron proyectos necesarios durante años".
En su dictamen, los populares afirman que "ha quedado evidenciado que ha actuado con falta de transparencia y sin asumir responsabilidades, negándose a comparecer. Con una marcada ausencia de colaboración antes de la tragedia, con la falta de infraestructuras y sistemas de aviso. Durante la tragedia, con su tardía y precaria respuesta. Y, posteriormente, con su insuficiente colaboración en la reconstrucción de nuestra tierra".
Vox reclama que se valorara la emergencia nacional
Vox ha presentado un dictamen de 94 páginas en el que sostiene que resulta "difícil sostener que la situación encajara dentro de una mera emergencia autonómica ordinaria": "La magnitud de los daños, el alcance territorial, la movilización de medios estatales extraordinarios y la necesidad de coordinación entre múltiples organismos evidenciaban una situación excepcional que reunía objetivamente las características previstas en la legislación para la declaración de emergencia nacional".
El grupo argumenta que el "debate jurídico principal no puede centrarse en si la Generalitat tenía o no capacidad para declararla, porque dicha competencia corresponde al Estado, sino en si concurrían circunstancias suficientes para que la hubiera activado antes".
En relación con la gestión del episodio, Vox sostiene que los efectos "especialmente lesivos del episodio no resultan atribuibles únicamente al carácter extraordinario e intenso del fenómeno, sino también a la concurrencia y acumulación prolongada de deficiencias".
El partido incide "con claridad" en la existencia de "dos grandes ejes explicativos que vertebran de manera transversal todas las comparecencias: la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas previamente planificadas y la insuficiencia y deficiente gestión de la información durante la emergencia".
Sobre el primer eje, precisa que "no puede circunscribirse a una sola administración, sino que se proyecta sobre el conjunto de administraciones y, de manera muy significativa, sobre los sucesivos gobiernos de la nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada atribuible al bipartidismo".
En cuanto al segundo, señala "deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real", un escenario que "ha sido descrito como un auténtico apagón informativo".
Vox también menciona "deficiencias relevantes" en la coordinación entre administraciones y en la operativa de la emergencia, con "problemas en la cadena de mando, retrasos en la toma de decisiones y dificultades en la activación y despliegue de recursos".
Críticas a la Generalitat y al Gobierno central
Respecto al papel de la Generalitat, el dictamen de Vox admite "importantes carencias de coordinación y liderazgo político en los momentos más críticos": "Más allá de las limitaciones derivadas de la información recibida por otros organismos, faltó una dirección más firme y proactiva, especialmente a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la CHJ".
El grupo añade que uno de los "principales obstáculos" de la comisión ha sido la "falta de colaboración" del Gobierno central: "Esta ausencia de cooperación no se ha limitado únicamente a la negativa reiterada de sus máximos responsables a comparecer, sino también a facilitar documentación".
PSPV y Compromís cuestionan la comisión
El PSPV, por su lado, ha registrado una propuesta de dictamen en la que sostiene que cualquier informe que salga de esta comisión "nace viciado" y denuncia "las maniobras de PP y Vox para que la mayor negligencia sufrida por los valencianos quede impune". Señala la vulneración del derecho al ejercicio de la función parlamentaria del artículo 23 de la Constitución, del artículo 22 del Estatut d'Autonomia y del artículo 52 del reglamento de Les Corts.
"No merecíamos sufrir de nuevo una deshonra como la de la comisión del accidente del metro de 2006, pero la actual mayoría parlamentaria ha sido capaz de reproducir, incluso superar, las peores prácticas del pasado", afirman los socialistas.
Frente a esta situación, apelan a "la obligación moral y política de seguir trabajando por la verdad y la justicia" y alertan de que el "desprecio con el que se ha tratado a las víctimas, priorizando la mentira, es intolerable en el marco de una sociedad democrática, a la vez que revela una falta de humanidad repugnante".
En relación con el 29O, acusan a PP y Vox de sostener "un relato de infamia, esta sí, claramente fáctica", y critican que el entonces 'president' Carlos Mazón "permaneció ajeno a la catástrofe, aislándose en El Ventorro durante las horas más dramáticas", junto a un Consell "que se desentendió de la emergencia y no supo actuar".
Compromís, por su parte, sostiene que la aprobación de cualquier dictamen sería "un ejercicio de falsedad y demagogia política" y renuncia a participar. Califica de "absoluta farsa" la comisión, que "nunca ha estado dirigida a depurar responsabilidades políticas, sino a darle altavoz al relato que exculpaba absolutamente el Consell y responsabilizaba otras administraciones de todo lo ocurrido".
PSPV y Compromís coinciden en que el plan de trabajo aprobado "no se ha ejecutado íntegramente y no se ha justificado debidamente la modificación por la que se cierra la comisión" y lamentan que ni la exconsellera Salomé Pradas ni el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, previstos en el calendario inicial, hayan llegado a comparecer.