Vox ha registrado en Les Corts Valencianes una iniciativa para que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP) en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo de titularidad municipal en la Playa de San Juan, en Alicante, así como de “todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo”.
Con este movimiento, Vox se alinea con Compromís y el PSPV, que a lo largo de esta semana ya habían presentado en Les Corts sus propias propuestas para la creación de una comisión de investigación. Tanto la coalición valencianista como los socialistas registraron el lunes sus escritos con el objetivo de “depurar responsabilidades políticas” ante este “escándalo”.
La controversia surge por las adjudicaciones de viviendas de protección pública después de conocerse que la exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez; los dos hijos de la también dimitida directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman, y un arquitecto municipal figuran entre los beneficiarios de estas VPP.
En la propuesta firmada por el síndic de Vox, José Mª Llanos, y el portavoz adjunto, Miguel Pascual, registrada este jueves y consultada por Europa Press, el grupo plantea que la composición de este órgano de investigación sea idéntica a la de las comisiones permanentes legislativas previstas en el artículo 45 del reglamento de Les Corts.
La presentación de esta iniciativa también ha sido anunciada por la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo, durante un pleno extraordinario y urgente celebrado este jueves por la tarde en el consistorio, a petición de todos los grupos de la oposición, que en bloque han exigido la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP).
Plazos y facultades de la comisión
En su propuesta, Vox establece que la comisión se pondrá en marcha una vez que el pleno de Les Corts apruebe la iniciativa, y deberá quedar constituida en un plazo máximo de 15 días naturales. A partir de ese momento, “analizando las propuestas de los grupos parlamentarios con representación, aprobará un plan de trabajo y su correspondiente calendario”.
El texto también contempla que la comisión pueda acordar, conforme al reglamento de la cámara y al marco jurídico aplicable a las materias objeto de análisis, “la solicitud de informes y documentación a las Administraciones públicas, centros de investigación, universidades, corporaciones de derecho público y partes interesadas”.
Asimismo, se fija que la comisión “elaborará, en un plazo de 12 meses como máximo, un dictamen con las conclusiones que, tras su aprobación, se elevará al pleno” de Les Corts Valencianes.