El Pleno del Congreso afronta este martes, 10 de febrero, el debate y la votación de una proposición de ley registrada por el PP que pretende forzar al Gobierno a llevar ante las Cortes Generales todos los créditos extraordinarios o suplementarios vinculados al ámbito de la defensa y la seguridad.
La iniciativa del partido de Alberto Núñez Feijóo se presenta en un contexto en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha acordado, sin el aval previo del Congreso, incrementar el gasto militar en 10.471 millones para alcanzar el 2% del PIB. Asimismo, el Gobierno se ha comprometido con la OTAN a llegar al 5%, si bien la Alianza ha concedido a España “flexibilidad” para lograr ese porcentaje, siempre que se respeten los objetivos de capacidades pactados.
En el texto, el PP subraya que estas decisiones se adoptan mientras el Gobierno está en “minoría parlamentaria”, por lo que considera “más necesario que nunca” obligar al Ejecutivo a remitir un proyecto de ley cuando quiera aprobar créditos extraordinarios o suplementos de crédito destinados a gasto de defensa o militar.
Para ello, el grupo popular propone modificar el artículo 55 de la Ley General Presupuestaria, que regula los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito del Estado, con el fin de dejar claro que todos los relativos a defensa deberán ser sometidos al escrutinio de las Cortes.
Limitación de cambios en las partidas
Junto a este cambio, la formación de Alberto Núñez Feijóo incluye en su proposición la prohibición al Gobierno de seguir utilizando la vía de las transferencias de crédito entre secciones presupuestarias de distintos ministerios ante la ausencia de un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE).
En particular, el PP propone vetar la posibilidad de mover créditos entre secciones de diferentes departamentos, una facultad que actualmente permite el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023.
Dicho precepto establece que, mientras estén vigentes las cuentas públicas, corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Hacienda, la competencia para aprobar modificaciones presupuestarias mediante transferencias de crédito entre secciones con el objetivo de cubrir necesidades “ineludibles”, así como entre secciones que afecten a partidas financiadas con fondos europeos.
El PP sostiene que esta herramienta estaba justificada en el contexto excepcional de la pandemia, pero interpreta que ahora se ha convertido en “una puerta trasera para escapar al control presupuestario”. Además, el vicesecretario de Economía del partido, Alberto Nadal, ha criticado que este mecanismo es “contraria a la Ley General Presupuestaria” porque permite reasignar recursos que el Parlamento destinó en su día al Ministerio de Sanidad al Ministerio de Defensa.
Ante esta situación, el grupo parlamentario popular plantea derogar el artículo 9.1 de la Ley de Presupuestos de 2023 e introduce una cláusula según la cual “quedan expresamente prohibidas las transferencias de crédito entre secciones”.