QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La UE aspira, dentro del “Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer”, a conseguir la primera generación libre de tabaco para 2040 buscando que la prevalencia del consumo de tabaco esté por debajo del 5 %. Para conseguir tal objetivo, la Comisión Europea inició en 2022 una revisión de la legislación de control del tabaco. Consecuente con su propia naturaleza, la industria tabaquera no se quedó de brazos cruzados ante esta amenaza a su modelo de negocio: la muerte a través de la adicción disfrazada de estilo de vida.
Siguiendo el principio de “la mejor defensa es un buen ataque”, Tobacco Europe, lobby que agrupa a los principales fabricantes de productos de tabaco y nicotina, denunció ante el Defensor del Pueblo Europeo a la Comisión con un argumento entre kafkiano y distópico: Para la industria, la European Network for Tobacco and Smoking Prevention (ENSP), una organización sin ánimo de lucro, clave en la política de control del tabaco en Europa, incurría
en un conflicto de intereses.
¿Cómo llega la industria a acusar a ENSP de tener un conflicto de interés? En enero de 2023, un consorcio liderado por la consultora Open Evidence, de la cual forma parte ENSP, obtuvo el contrato marco para prestar servicios de apoyo a la revisión de las directivas de tabaco de la UE. El papel de ENSP estaba claramente definido: facilitar el contacto con expertos y redes nacionales, proporcionando el soporte técnico y científico necesario para la estrategia de
control del tabaco de la UE. La industria alegó que la presencia del ENSP comprometía la objetividad y la transparencia de dicho contrato marco debido a su interés en el control del tabaco. Desde luego, no fue ninguna sorpresa que la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O´Reilly, desestimara, el pasado 4 de febrero de 2025, la queja de la industria, argumentando que el rol limitado que tiene asignado ENSP, centrado en aspectos técnicos y científicos, no supone ningún riesgo para la ejecución imparcial del contrato. Es más, este alineamiento del ENSP con el interés público no hace sino reforzar la integridad del proceso, como recalca el fallo de Emily O’Reilly.
Hemos de destacar que fue la propia Comisión Europea, quien, entre 1994 y 1997, impulsó la creación de ENSP, ante la necesidad de apoyarse un una red de expertos de todos los países miembros de la Unión que trabajasen en red compartiendo sus trabajos, estudios y experiencias en cuestiones de control y prevención del tabaquismo, a petición del programa “Europa contra el Cáncer” en aquel momento. En realidad, el ataque de las tabaqueras a este
organismo entra dentro de su lógica de funcionamiento: El trabajo que hace ENSP es clave e inestimable para defender la salud de los europeos de los intereses económicos de la industria. En el fondo, la denuncia de Tobacco Europe parece menos una defensa de la transparencia y más una estrategia de distracción. El verdadero conflicto de intereses siempre ha sido consustancial a la propia existencia de la industria tabaquera, un sector que obtiene ingentes beneficios de un producto que sigue devastando la salud pública a nivel global. El antagonismo entre la Comisión y el ENSP, por un lado, y las tabaqueras, por otro proviene de que los primeros se han comprometido a rebajar el número de fumadores por debajo del 5 %, por contra, el objetivo de la industria es el de perpetuar e incluso aumentar el número de consumidores de productos de tabaco y nicotina.
Una estrategia de distracción bien financiada
El ataque contra la ENSP es sólo la muestra de una estrategia mucho más amplia. Las tabaqueras destinan enormes recursos para infiltrarse en las instituciones europeas y obstaculizar regulaciones que afecten sus beneficios. Según el último informe de Smoke Free Partnership, el gasto de la industria en actividades de lobby en la UE alcanzó en 2022 un máximo histórico de 19 millones de euros, lo que supuso un aumento del 28% respecto a lo que supuso un aumento del 28% respecto a 2021. Este dinero se traduce en una mayor presencia de la industria en los lugares de toma de decisiones, principalmente en Bruselas. Los lobistas acreditados ante el Parlamento Europeo aumentaron un 30%, pasando de 43 a 56.
Y mientras la industria cada vez dedica más dinero para incidir a su favor en las instituciones europeas, el dinero que destina la Unión Europea a luchar contra el tabaquismo ha sido recortado drásticamente, dificultando la labor de las asociaciones que trabajan en el campo del control del tabaco.
Los resultados tanto de esta inversión como de estos ataques no han tardado en verse. La revisión de la Directiva sobre Fiscalidad del Tabaco, que busca elevar los impuestos al tabaco para reducir su consumo, que tenía que haber sido implementada en 2022, ha sido retrasada indefinidamente. Lo mismo ha ocurrido con la Directiva de Publicidad de Tabaco. En cuanto a la recomendación del Consejo sobre entornos sin humo, un paso clave para proteger a la población del humo del tabaco y de los nuevos productos de nicotina, ha conseguido aprobarse en 2024, pero con un año de retraso.
Desde Nofumadores.org, como miembros de ENSP, expresamos nuestra profunda preocupación por el retraso en la implementación de las nuevas regulaciones. Cada año que pasa sin medidas efectivas, la industria del tabaco sigue matando anualmente a 700.000 europeos. No podemos permitir que continúe manipulando el debate político ni que sus estrategias de distracción frenen el progreso en salud pública.
Hacemos un llamamiento urgente a la Comisión Europea y a los Estados miembros para que prioricen la salud de los ciudadanos sobre los intereses comerciales de una industria que ha demostrado, una y otra vez, que está dispuesta a sacrificar vidas por beneficios. La ENSP debe seguir siendo un actor clave para aportar datos y expertos que ayuden en la toma de decisiones sobre control del tabaco, y las medidas para limitar la injerencia de la industria deben reforzarse de inmediato cumpliendo así con lo establecido con el artículo 5.3 del Nofumadores.org está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el número 172.478 CMCT, que establece que “A la hora de establecer y aplicar sus políticas de salud pública relativas al control del tabaco, las Partes actuarán de una manera que proteja dichas políticas contra los intereses comerciales y otros intereses creados de la industria tabacalera, de conformidad con la legislación nacional.”
Europa está en una encrucijada: o protege la salud de sus ciudadanos o cede ante una industria que ha causado estragos durante décadas. La decisión no debería ser difícil. Pero el tiempo se está agotando.
Ubaldo Cuadrado, Vicepresidente de Nofumadores.org, es coautor de esta tribuna
