«La llamo por tercera vez al orden. Por tanto, abandone la tribuna. He intentado hacerle ver, incluso antes de comenzar su propia intervención, que tendría que ir por cauces normales. Abandone, por favor, la tribuna«. 21 de junio de 2022. Quien así se pronuncia es el entonces vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejerce de presidente en la sesión plenaria. La señoría a la que se le retira la palabra es la diputada de ERC Montserrat Bassa, quien hará caso omiso a la petición de Gómez de Celis. La diputada es apercibida por pronunciar casi todo su discurso en catalán.
Bassa se mantiene desafiante en la tribuna durante otros cuatro minutos e intenta continuar con su intervención en varias ocasiones. No se bajará de la tribuna de oradores hasta que el vicepresidente de la Cámara se lo pida por quinta vez, tras recordarle que todavía podría expulsarla del Pleno. La escena tuvo lugar la legislatura pasada, ante un hemiciclo casi vacío, durante el debate de toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento del Congreso para extender el uso en la Cámara Baja de las lenguas oficiales en comunidades autónomas.
La iniciativa, presentada por los grupos de ERC, PNV y Plural (donde convivían Junts, PDeCAT, Más País, Compromís, BNG y la CUP), pretendía modificar el artículo seis para que los diputados pudieran intervenir en cualquier lengua reconocida como oficial en algún estatuto de autonomía en las sesiones del Pleno y las comisiones de la Cámara Baja, así como usarlas para el registro de cualquier escrito o documento de índole parlamentaria. La Cámara, por su parte, debía procurar la traducción al castellano de toda documentación y proceder a la «traducción simultánea a todas las lenguas oficiales» de las intervenciones orales.
Cambio de postura en apenas un año
En términos similares a la propuesta que fue rechazada hace algo más de un año (votaron en contra de la toma en consideración PSOE, PP, Vox, Ciudadanos, UPN, Foro y el PRC), se pronuncia una nueva proposición de reforma del texto reglamentario, la registrada hace unos días por el PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y el BNG. La iniciativa es la respuesta de los grupos del Gobierno (socialistas y la coalición electoral liderada por Yolanda Díaz) a una de las exigencias de los independentistas catalanes para votar a Francina Armengol como presidenta del Congreso en la sesión constitutiva de la XV Legislatura.
