Información actualizada a las 13:55 del 06/09/2023.
El PSOE ha registrado este miércoles junto a otros grupos una reforma exprés del Reglamento del Congreso de los Diputados, mediante una proposición de ley, con el objetivo de garantizar que ya en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, agendado para los días 26 y 27 de septiembre, quien lo desee pueda utilizar las lenguas cooficiales del Estado (catalán, gallego y/o euskera).
La Proposición de ley ha sido registrada con la firma del Grupo Socialista, de Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), EH Bildu, PNV y el BNG (Grupo Mixto). Entre todos suman 171 escaños, y aunque Junts no figura entre las formaciones que han rubricado la iniciativa, el PSOE cuenta con ellos para reeditar los 178 síes que hiciern presidenta del Congreso a Francina Armengol en primera votación.
La propuesta se tramitará por el procedimiento especial de lectura única en el Pleno de la Cámara, lo que supone que, una vez tomada en consideración, solo podrían presentarse enmiendas a la totalidad. Este último punto es clave, puesto que, de no ser por lectura única, el articulado tendría pasar por comisión y designar la ponencia que elaborase el dictamen, y estas aún no están conformadas.
El grupo socialista tiene fijado en su calendario el 19 de septiembre. La previsión es que la Mesa del Congreso califique la iniciativa la semana próxima y que el pleno para su debate y aprobación se celebre la semana siguiente. Al no haber aún calendario de sesiones disponible, la Mesa podría convocar una de forma extraordinaria.
Al proceder a su aprobación por lectura única, el debate quedaría sujeto a las normas establecidas en el artículo 150 del Reglamento, por lo que no cabe la presentación de enmiendas parciales que lo dilaten.
El Reglamento del Congreso tiene la consideración de ley orgánica, por lo que cualquier reforma del mismo requiere mayoría absoluta. En este caso, los socialistas cuentan con los mismos 178 votos que hicieron presidenta a Armengol. Lo que no es necesario es que pase por el Senado, donde el PP atesora mayoría absoluta, ya que cada Cámara se regula a sí misma y se reforma de forma independiente. De prosperar sin el respaldo de los populares, sería la primera vez que se modificase el Reglamento sin el consenso de los dos partidos mayoritarios.
Traductores y pinganillos
Conscientes de que el paraguas jurídico ha de complementarse con recursos técnicos, fuentes socialistas admiten que se tendrá que contratar personal y disponer medios a corto plazo y, conforme avance el tiempo, establecer una estructura más fija. En consecuencia, a fin y efecto de agilizar los trámites administrativos, los contratos de urgencia para traductores se pagarían con el fondo de remanentes que dispone el Congreso con los excedentes que se han ido generando año tras año con las partidas presupuestarias no ejecutadas. La cifra ascendería a 108,24 millones de euros, según los últimos datos publicados por el propio Congreso con fecha de marzo del 2022.
El sistema será muy parecido al del Senado. La Cámara Alta tiene contratados unos 25 intérpretes que realizan todas las labores del proceso de traducción. Estos suelen ubicarse en las cabinas de la Sala Europa y, desde ahí, traducen al castellano. Quienes lo deseen, bien sean senadores o prensa, pueden solicitar unos auriculares en los que escucharán la traducción en tiempo real. Asimismo, ayudan a las taquígrafas, puesto que estas no toman nota de las intervenciones que no sean en castellano, sino que son los propios intérpretes los que les facilitan la traducción para incorporarla. También traducen los documentos escritos registrados.