«El Senado facilitará a los Grupos parlamentarios una subvención». Así regula el reglamento de la Cámara Alta la ayuda que cada mes otorga a los grupos para gastos generales y facilitar su funcionamiento, una cuantía que crecerá en algo más de 260.000 euros tras la decisión de la Mesa, en su reunión de la semana pasada, de incrementarla en un 3,5%. Para el próximo año, la previsión de gasto bajo ese concepto será de 7.763.542 euros frente a los 7,5 millones de 2022, según los cálculos de Demócrata a partir de los datos publicados por el Senado para este año.
Hasta finales de 2018, los grupos contaban con otras dos subvenciones de la Cámara ambas de carácter finalista. La primera, estaba destinada a gastos de locomoción y el abono de gastos de representación y atención protocolaria para los portavoces. La segunda, para asesoramiento, servía para costear la contratación de personal eventual, más allá de los asesores a los que tiene derecho cada grupo a cargo del presupuesto del Senado.
Ese mismo año, tras un acuerdo de la Mesa, se decidió concentrar todas las prestaciones a grupos en una sola de carácter general «para facilitar el ejercicio de sus cometidos». ¿El objetivo? Facilitar la gestión de las ayudas por parte de los grupos y respetar «en mayor grado el principio de autonomía o autoorganización de los grupos parlamentarios», así como por respeto a «la capacidad organizativa propia de los grupos», como reza en el texto del acuerdo, una autonomía que ha provocado un aumento de las cantidades que se transfieren desde los grupos a los partidos.
¿Cómo se reparte el dinero?
El reglamento de la institución, en el artículo 34, establece que la cifra a recibir por cada grupo se calculará «en función del número de sus componentes», más otra cantidad fija «igual para todos». En estos momentos, cada grupo parlamentario percibe 15.200 euros al mes en concepto de fijo y otros 1.900 euros adicionales por integrante.
A partir de enero, la asignación mensual de cada grupo quedará como sigue, al menos hasta mayo, cuando se celebrarán elecciones en doce de las comunidades autónomas, momento en el que se renovarán parte de los escaños del Senado.
Acorde a los resultados electorales de las generales y los diferentes comicios autonómicos, los grupos Socialista —donde se integran los legisladores del PSOE y el PSC— y Popular son los mayores beneficiarios. Sin embargo, si la comparación se hace por la proporción entre el monto total recibido y el número de senadores, los grupos minoritarios son los que obtienen la ratio más alta.
Al grupo Democrático, donde cohabitan Ciudadanos, la agrupación electoral Teruel Existe y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC) se le entrega el equivalente a 5.900 euros mensuales por cada uno de sus miembros, mientras que el de Izquierda Confederal (Més per Mallorca, Más País, Compromís y Agrupación Socialista Gomera) se hace con un total que equivale a 5.100 euros.
Los partidos, destino final de la subvención
Un aspecto a tener en cuenta es que el importe de la subvención se paga directamente a los grupos parlamentarios y no a los partidos. Solo hay una excepción: el Grupo Mixto. Dado que en el Mixto se agrupan señorías de las formaciones que no cuentan con suficientes representantes como para formar grupo propio y que además, no han querido pactar con otras fuerzas para trabajar juntos, la Mesa del Senado acordó en 2016, que el dinero se entregue directamente a los senadores en la proporción que les corresponda.
Para recibir la subvención, los grupos deben abrir una cuenta corriente en una entidad financiera. En esa cuenta solo se registrarán ingresos y cargos "propios de la actividad económico-financiera" del grupo. A partir de ahí, cada grupo dispone del dinero según convenga y destina los recursos a los fines que considere necesarios. Al contrario que en el Congreso de los Diputados, el Senado sí publica algunos detalles sobre el uso que hacen de la ayuda. Esto es así desde la XII legislatura, cuando los grupos parlamentarios acordaron publicar unas cuentas anuales, a partir de 2019.
Al margen de los estados generales y de los detalles adicionales que cada formación quiera facilitar, el análisis de las cuentas publicadas para el ejercicio 2021 muestra dónde suele acabar ese dinero: en su mayoría, en la caja de los partidos políticos. De los 7,3 millones de euros liberados ese año en subvención para los grupos casi un tercio se destinó a personal (2,3 millones), mientras que cinco millones de euros, el equivalente al 69% del total, fueron transferidos a las cuentas de las diferentes formaciones.
Si se entra al detalle de cada grupo parlamentario, tanto el de ERC-Bildu como Ciudadanos y Teruel Existe, dentro del Democrático, entregaron el total de la ayuda de la Cámara Alta a sus respectivas formaciones. Los grupos Vasco (PNV), el de Izquierda Confederal, el Nacionalista y el Socialista cedieron también buena parte de lo entregado por el Senado a las finanzas de sus partidos. Solo Vox y el PAR declararon no haber enviado un solo euro a su caja central.
Sin embargo, los datos de Vox entregados al Senado no serían los reales, tal y como refleja la contabilidad de la formación para 2021. Al cierre del ejercicio, los de Santiago Abascal habían recibido casi 50.000 euros de la subvención a la que tenían derecho sus senadores.
¿Por qué entregan los grupos la subvención del Senado a los partidos?
No hay una respuesta clara que explique por qué la mayoría de la ayuda reglamentaria para el funcionamiento de los grupos parlamentarios no es usada por estos. O no al menos en las cuentas publicadas, donde apenas se especifica el motivo por el que la prestación, ideada para contratar personal y cubrir diferentes gastos, acaba en las cuentas bancarias de las organizaciones políticas. Desde los partidos, es frecuente justificar esas transferencias bajo el concepto de prestación de servicios. Así lo especifica el Grupo Vasco, que explica el pago como pago por los servicios de asistencia técnica que el PNV presta a su grupo en el Senado.
La legislación contempla que los partidos se financien por las aportaciones de sus grupos parlamentarios, como establece el artículo 2.1.e de la Ley Orgánica 8/2007. En ese sentido, tanto la Cámara de Cuentas de Madrid como personal técnico del Tribunal de Cuentas han advertido en diferentes ocasiones sobre el "vacío" general que hay en los diferentes reglamentos parlamentarios a la hora de regular la utilización de dichas subvenciones.