Ya se sabía que el acuerdo comercial UE-Mercosur, que lleva negociándose más de 25 años, iba a ser contestado desde el campo español. Ni siquiera las medidas de salvaguarda introducidas in extremis en el texto por Bruselas han apaciguado los ánimos entre los agricultores.
Demócrata ha hablado con la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja), con la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y con la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) -principales asociaciones agrícolas- para que detallen cuáles creen que son los aspectos más lesivos de este tratado comercial para el sector y por qué no se fían de las bondades del mismo que reiteran tanto desde la Unión Europea (UE) como desde el Gobierno de España.
Beneficios, por ejemplo, como el ahorro arancelario de 4.000 millones de euros en las exportaciones europeas que, según la Comisión Europea, supondrá: “ocho veces más que el que ofrece el acuerdo con Canadá”. Desde el Ministerio de Agricultura español destacan que Mercosur (que engloba a 270 millones de consumidores de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) liberalizará el 91% de sus importaciones y la UE el 92%.
Un acuerdo histórico.
— Luis Planas Puchades (@LuisPlanas) January 9, 2026
270 millones de personas que hablan español y portugués. https://t.co/xlUOYupkfK
En cuanto al sector agroalimentario, Mercosur eliminará los aranceles al 93% de las exportaciones de la UE. En contrapartida, la UE liberalizará el 82% de las importaciones agroalimentarias procedentes del bloque sudamericano e impondrá contingentes arancelarios para aquellos productos más sensibles.
Globalmente, el acuerdo (que previsiblemente se firmará el próximo 17 de enero en Paraguay) creará una zona de comercio libre que afectará a alrededor de 700 millones de personas.
Control
Desde el Ministerio de Luis Planas afirman que esta alianza “no modifica las normas de seguridad alimentarias de la UE, las cuales no son negociables en ningún acuerdo comercial, por lo que las importaciones procedentes de Mercosur deberán seguir cumpliendo con los exigentes estándares de seguridad alimentaria de la UE”.
Pero ahí es donde focalizan gran parte de sus críticas las asociaciones consultadas. José María Castilla, director de la Oficina de Asaja en Bruselas, lo tiene claro: “El papel lo aguanta todo, dicen que lo van a exigir, pero no tienen forma”. En sus palabras, este es un trato “desigual y no recíproco” y se ha llegado a él “por la soberbia intelectual de Europa, que pone las normas más exigentes, pero no es capaz de exigírselas al resto de países”.
Castilla pone dos ejemplos: “En Europa están prohibidos los insecticidas neonicotinoides. Cuando aquí se haga remolacha azucarera no se podrán usar. Es verdad que éste no es de los productos que vendrán, pero sí el azúcar refinado, y, cuando llegue, no vamos a saber si se han utilizado esos insecticidas o no”. También se refiere a las hormonas de crecimiento, “que en España y Argentina están prohibidas, pero no en Brasil, lo que hará que en España entre carne de vacuno producida con ellas”.
¿Y quién lo va vigilar?, se preguntan en Asaja, si, actualmente, “solo se controla en frontera el 0,0082% de los productos agroalimentario que entran en la UE”. “Es una traición y una falta de respeto”, enfatiza su representante en Bruselas, que también afirma que “están haciendo una campaña de lobby para avisar a los eurodiputados españoles de que van a estar vigilantes y pedirles que no sean cómplices”.
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Especialmente críticos son también en COAG. Su secretario general, Miguel Padilla, sostiene que el acuerdo fomenta la “competencia desleal”. Los salarios o los costes de producción, concreta, “son muy inferiores a los nuestros y eso distorsiona el mercado”. Como en Asaja, también se cuestiona “quién va a controlar” que se cumplan los estándares.
De las tres organizaciones consultadas por Demócrata, solo UPA ve con buenos ojos el tratado. En este sector, comenta el secretario general, Cristóbal Cano, “no podemos ponernos una venda en los ojos y taparnos los oídos ante todo lo que está pasando. Con las dificultades que hay en materia comercial, resultado de una situación geopolítica compleja, lo que se necesitan son certezas y reglas. Tenemos que trabajar para que este acuerdo comercial –con un bloque de países con los que compartimos cultura e idioma– sea una oportunidad”.
Resaltan en UPA que se ha conseguido elevar la reciprocidad: “No se va a permitir la importación de productos con plaguicidas considerados peligrosos y se va a establecer el nivel de residuo cero para algunas materias activas”. Y añaden que “se van a reforzar los controles fronterizos, realizando auditorías para comprobar que se cumple lo que se firma. Europa no va a renunciar a producir con nuestras señas de identidad: variedad, calidad, seguridad alimentaria y por supuesto a un precio justo”.
Salvaguardas
Para lograr la mayoría cualificada necesaria para que el acuerdo saliera adelante (al menos 15 de los 27 Estados miembros, que representaran al 65% de la población de la UE) hubo que convencer a Italia.
Esto se logró con las conocidas salvaguardas, consistentes en habilitar a la Comisión Europea para que pueda investigar (y tomar medidas compensatorias si fuera necesario), cuando las importaciones desde los países de Mercosur de algunos productos sensibles (como las aves de corral, los huevos, los cítricos o el azúcar) aumenten un 5%, o si los precios cayeran en el mismo porcentaje. En un principio, para ambos casos, se planteó el 10%, se bajó después al 8% y se redujo finalmente al 5% para contar con el apoyo del Gobierno de Giorgia Meloni.
Miguel Padilla (COAG) sostiene que las salvaguardas son “insuficientes” y duda de que realmente se apliquen: “Que nos digan cuándo se han desarrollado antes medidas de este tipo. Con la experiencia tan negativa que tenemos, cuesta trabajo creérselo”.
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“Valoramos que las cláusulas de salvaguarda se hayan aplicado y los umbrales bajen al 5% –indica Castilla (Asaja)–, pero siguen siendo insuficientes, porque por experiencia sabemos que es difícil que se inicien expedientes”.
En UPA, sin embargo, confían en lo escrito: “Si no nos creemos las cosas, entramos en un escenario absolutamente absurdo. Otra cosa es que tenemos que estar vigilantes. Pero negar la mayor, y decir que lo que se ha conseguido no se va a cumplir, es la salida de alguien que está acorralado y no sabe qué decir”, comenta Cano.
Adelantar 45.000 millones de la PAC
En ese proceso para ganarse el ‘cariño’ de los países reacios al acuerdo UE-Mercosur, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también planteó liberar de forma anticipada una parte de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) y reforzar la financiación destinada al medio rural en el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
En concreto, propuso que los Estados miembro puedan utilizar desde el arranque del nuevo marco presupuestario hasta dos tercios de los recursos que, en condiciones normales, se reservarían para la revisión a mitad de periodo, lo que permitiría movilizar en torno a 45.000 millones de euros desde 2028. Esta inyección se sumaría al presupuesto ya previsto para la PAC, cifrado en 293.700 millones de euros.
En COAG ven con máximo recelo esta proposición. Exigen “claridad y honestidad” para saber de dónde proceden exactamente esos fondos. Miguel Padilla advierte de que “la expulsión del mercado por la competencia desleal de las importaciones sin control de los países de Mercosur no se evita con dinero” y añade que la “Comisión Europea no puede cambiar vacas por coches y llamarlo progreso. No pueden sacrificar al ganadero de Salamanca o Asturias para que Volkswagen venda más en Buenos Aires. No pueden destruir el campo europeo para contentar a la industria del automóvil y luego pretender taparlo con un cheque de origen incierto”.
Los sectores más afectados
El Ministerio de Agricultura estima que del pacto se beneficiarán más aquellos sectores que tienen un arancel más alto, como el automóvil, los componentes de automóvil, los bienes de equipo, los productos químicos, los productos farmacéuticos y el textil y calzado.
En materia de servicios, agregan, “el acuerdo elimina obstáculos en sectores de gran importancia para España, como los servicios financieros y las telecomunicaciones y destaca también el sector de servicios de transporte marítimo internacional”.
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Cristóbal Cano, de UPA, detalla que a los que les irá mejor será a sectores como el aceite de oliva, el vino o los productos lácteos, mientras que los perjudicados serán, principalmente, las aves de corral, la carne de vacuno, la miel o el azúcar. Para atemperar los efectos asevera que “se necesita que las salvaguardas sean efectivas, que haya reciprocidad y que se impulse un etiquetado para todos los productos que se comercialicen en Europa, y que el consumidor sepa siempre lo que compra y lo que consume”.
En Asaja coinciden en cuáles serán los sectores más afectados y avisan “de que se pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones”. Sobre las áreas que recibirán un impacto positivo, desde esta organización alertan de que ese no será a corto plazo “debido a los largos periodos transitorios antes de la plena liberalización”.
Otros acuerdos
El de la UE con Mercosur no es el primer acuerdo comercial sobre el que el campo español tiene notorias reticencias. Como indica Castilla (Asaja), el pacto con Marruecos está todavía “peor negociado, porque no hay cláusulas de salvaguarda y no incluye el cumplimiento del Acuerdo de París o la deforestación, que son dos temas que el de Mercosur esboza, aunque no establece cláusulas punitivas”.
También Padilla (COAG) reprueba el pacto con el vecino país africano: “La judía verde, por ejemplo, que en España era un gran producto, pues ya no se produce nada, porque no podemos competir con sus costes de mano de obra. O el tomate cherry, que acabará desapareciendo aquí, porque se necesita mucha mano de obra para su recolección”.
Pero no todo son vituperios, también hay acuerdos positivos “y los apoyamos”, aclaran en Asaja. “El de Canadá, el de Japón, el de México, cuando son recíprocos y están bien hechos, cuando no se pone en tela de juicio la productividad europea y el competidor tiene normas parecidas a las nuestras, son oportunidades”.
Protestas de los agricultores
La indignación mayoritaria del campo español por el acuerdo UE-Mercosur se ha trasladado a las calles con protestas en muchos puntos del país. Tractoradas y manifestaciones que continuarán en los próximos días.
- En Asturias, las organizaciones agrarias URA, COAG, Usaga y Asaja han anunciado una tractorada este viernes, 16 de enero, en Oviedo.
- En Castilla y León, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (UNASPI) ha convocado una tractorada por las calles de Valladolid y una concentración frente a las Cortes de Castilla y León el próximo jueves, 15 de enero.
- También seguirán las movilizaciones en Extremadura, donde UPA-UCE Extremadura, APAG Extremadura Asaja, La Unión Extremadura y Asaja Cáceres han anunciado nuevas tractoradas en cinco vías principales de la comunidad los días 16 y 23 de enero.
- Ya en febrero, el día 11, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha convocado una protesta con tractores en Madrid.
- Fuera de España, el próximo 20 de enero se ha convocado una movilización en Estrasburgo.