La presidenta de Alianza por el Turismo, Carmen Ayala, ha defendido en la Asamblea Regional que la futura ley de bienes de interés turístico debe utilizarse para atajar la oferta ilegal, imponiendo la obligación de mostrar el número de registro turístico en toda la publicidad de los alojamientos, incluidas las plataformas digitales.
Ayala ha intervenido ante la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo, en el marco de las audiencias legislativas del Proyecto de Ley por el que se regulan los bienes de interés turístico de la Región de Murcia y se modifica la Ley 12/2013, de Turismo.
Durante su exposición, ha subrayado que esta obligación supone “un paso decisivo para luchar contra la competencia desleal y la oferta irregular”.
La representante del sector ha remarcado que los empresarios que respetan la normativa, realizan inversiones, generan empleo, tributan y garantizan estándares de calidad y seguridad “no pueden competir en desigualdad de condiciones” con quienes operan al margen de la ley. Por ello, ha insistido en que la lucha contra la economía sumergida es una responsabilidad empresarial, turística y también de defensa de los derechos de los consumidores.
Ayala ha valorado igualmente que el proyecto refuerce las obligaciones en materia de prevención y extinción de incendios en los establecimientos turísticos, al entender que “la seguridad debe ser siempre un principio irrenunciable en cualquier política turística moderna y responsable”.
Además, la presidenta de Alianza por el Turismo ha apoyado la creación de la figura de los bienes de interés turístico, al considerar que permitirá extender el reconocimiento más allá de las fiestas de interés turístico regional. Ha recordado que la Región dispone de patrimonio histórico, cultura, gastronomía, espacios naturales, turismo religioso y manifestaciones tradicionales capaces de atraer visitantes durante los doce meses del año.
En su opinión, la ley debe contribuir a reducir la estacionalidad y a convertir esos recursos en “focos de atracción de visitantes”. “Cuando un municipio gana notoriedad, ganan también los alojamientos, el comercio, la hostelería, la artesanía y las empresas”, ha señalado.
Ayala ha incidido en que la futura declaración no puede quedarse en un mero distintivo, sino que ha de ser “una herramienta de promoción, comercialización, posicionamiento y dinamización económica”. Ha avisado, además, de que el valor real de esta figura dependerá del rigor con el que se otorgue y se mantenga en el tiempo.
“El prestigio de una declaración institucional no está en el número de bienes de interés turístico, sino en el rigor con el que se conceda”, ha recalcado.
En el turno de los grupos parlamentarios, el diputado socialista Manuel Sevilla ha compartido la necesidad de intensificar la inspección frente a la oferta irregular. También ha preguntado si la norma debería prever recursos económicos para que los ayuntamientos, especialmente los de menor tamaño, puedan conservar y gestionar adecuadamente los bienes declarados.
Desde Vox, Ignacio Arcas ha cuestionado la eficacia práctica de la ley si no se acompaña de acciones de promoción. “No conocemos a nadie que viaje mirando los boletines oficiales”, ha apuntado, reclamando que las declaraciones cuenten con una difusión real y con financiación suficiente.
Por el Grupo Mixto, el diputado de la coalición Podemos-Izquierda Unida Verdes-Alianza Verde, José Luis Álvarez-Castellanos, ha mostrado una postura crítica con el texto. Ha admitido el “potencial extraordinario” del patrimonio cultural de la Región, pero ha dudado de que los presupuestos autonómicos respalden ese objetivo con inversiones suficientes en conservación, puesta en valor y promoción.
La diputada del PP Mari Ángeles Román ha defendido que la iniciativa legislativa pretende “dar estructura, reconocimiento y herramientas” a recursos turísticos que ya poseen valor, pero que hasta ahora no estaban debidamente identificados ni proyectados hacia el exterior.
Asimismo, ha resaltado que la Región cerró 2025 con “el mejor año de su historia” en hoteles, al superar los 1,5 millones de viajeros y alcanzar más de 3,5 millones de pernoctaciones.
En su réplica, Ayala ha reiterado que la ley puede resultar especialmente beneficiosa para los municipios pequeños, aunque ha admitido que necesitarán apoyo para adaptarse y presentar sus candidaturas. También ha defendido que limitar el número de solicitudes por municipio puede evitar que se “magnifique” el uso del sello y contribuir a preservar su prestigio.
La presidenta de Alianza por el Turismo ha concluido que la norma solo será realmente eficaz si se traduce en incremento de la demanda, fortalecimiento de la imagen de marca, mejor comercialización y mejora del patrimonio turístico regional.