El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha reclamado este miércoles introducir ajustes en la reforma laboral con el objetivo de frenar el “abuso absolutamente indecente” que, según ha denunciado, se está haciendo de los contratos a tiempo parcial en sectores como el comercio, y también para “limitar” los periodos de prueba en las empresas y atajar la “precariedad” que generan en la actualidad.
“Si analizamos la reforma laboral, yo creo que tenemos que introducir alguna reforma”, ha señalado el dirigente sindical, que ha planteado, entre otras medidas, la necesidad de “limitar” las horas complementarias que “están sirviendo sencillamente para poder obligar a los trabajadores a hacer cosas que no querrían” en ámbitos como el comercial, donde, a su juicio, se produce “un abuso absolutamente indecente” de la contratación a tiempo parcial.
“Hay que limitar las horas complementarias que están sirviendo sencillamente para poder obligar a los trabajadores a hacer cosas que no querrían. La jornada a tiempo parcial no es la que deber ser”, ha advertido Álvarez, insistiendo en que esta figura contractual se está utilizando de forma distorsionada respecto a su finalidad original.
Al ser preguntado por los medios durante su participación en Mérida en unas jornadas sobre Seguridad Social y Jubilación, Álvarez se ha mostrado igualmente partidario de “limitar” el periodo de prueba en los contratos “de tal manera que no se utilicen para continuar manteniendo una situación de precariedad como se está ocurriendo en estos momentos”.
En relación con los despidos durante el tiempo de prueba, ha explicado que “seguramente que el proceso de prueba para una empresa tiene que tener límites. No sé si temporales, me refiero a que en lugar de ser seis meses sean menos, o también, o las dos cosas, que una empresa para un puesto de trabajo pueda tener un tiempo razonable, una o dos pruebas, tres pruebas, pero no 10, 12, que lo que hacen efectivamente es que ese puesto de trabajo, en la práctica, el tiempo de prueba se convierta en contrato temporal”.
Álvarez ha admitido que en UGT estaban “seguros” de que la situación de los despidos en periodo de prueba “iba a ser así”, y ha recordado que por ese motivo, tras la aprobación de la reforma laboral, el sindicato acudió al Comité de Derechos Sociales de Europa para reclamar que el despido en España tuviera “otras consideraciones” distintas a las vigentes hasta entonces.
En esta línea, ha destacado que la resolución de dicho Comité establece que “el despido, el coste del despido, el empresario no puede saberlo y que tiene que tener en cuenta otras consideraciones, la formación del trabajador, el lugar donde está, si tiene más o menos posibilidades de encontrar trabajo, si es hombre o mujer y las cargas que tiene”.
Debate sobre bajas laborales y absentismo
En otro orden de cosas, cuestionado por la situación de las bajas laborales y el absentismo en España, el líder de UGT ha asegurado “sinceramente” que tanto el Gobierno central como la patronal “no quieren abordar el tema de fondo”, y ha reiterado la propuesta del sindicato de crear un Observatorio que permita conocer “las razones por las que en el país se producen estas bajas laborales y cuáles se pueden rebajar, incluso en algunos casos eliminar”.
Ha insistido en que debe hablarse de bajas laborales y no de absentismo. “El nombre no es absentismo son bajas laborales. Que un médico una persona que debe entender más que los que hablan considera que esa persona no está en condiciones de poder ir a trabajar y por tanto llamarle por su nombre tiene un cierto valor. No es menor el hablar de absentismo o hablar de bajas laborales”, ha remarcado.
Asimismo, ha defendido que se estudien con detalle las empresas que concentran un elevado número de bajas, aunque no estén catalogadas como profesionales. En su opinión, la Inspección de Trabajo debería hacer una “selección” y acudir a algunos de estos centros para comprobar “en qué condiciones está trabajando la gente”, recordando que “es fundamental la prioridad la salud de las personas” como algo “básico y fundamental”.
Sobre las bajas médicas en general, Álvarez ha reclamado analizar si los servicios de salud autonómicos “funcionan o no”, y si el “proceso de privatización” que se está acometiendo —ha dicho— en la “mayoría” de las comunidades va “en detrimento” de la atención a los trabajadores.
Ha planteado también si “los médicos, como es seguro que no, tienen tiempo suficiente para poder atender a las personas que están en esas condiciones. La lista de espera, sobre todo por lo que hace referencia a cuestiones esqueléticas, musculares, hacen que efectivamente haya algunos procesos de bajas por enfermedad que se alargan”.
En cualquier caso, ha recalcado que “eso no es culpa de los trabajadores, es culpa de la incompetencia de las administraciones, de las comunidades autónomas para poder tener medios suficientes para poder abordarlos”.
Por ello, ha rechazado la “campaña de culpabilización” de los trabajadores que, a su juicio, se está impulsando en España en relación con las bajas médicas, y ha subrayado que, por ejemplo en salud mental, la atención primaria debería contar con psicólogos que puedan “aconsejar terapias que no pasen por tener una baja médica”.
“Eso se tiene que acabar (la culpabilización de los trabajadores por bajas médicas), y nosotros desde luego nos van a encontrar para hacer diagnósticos, para saber qué pasa y para tomar soluciones en función de lo que pasa. Mientras tanto, es bla, bla, bla, son sinvergüenzas que no tienen otro interés que continuar explotando a las personas trabajadoras sin tener en consideración cuál es su situación personal”, ha concluido.