El Tribunal de Cuentas ha revelado que en noviembre de 2024 el Gobierno se vio obligado a utilizar 2.389,4 millones de euros procedentes de fondos europeos con el fin de hacer frente al pago de pensiones de clases pasivas y de los complementos a las pensiones mínimas, debido a la ausencia de crédito presupuestario originada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
Esta es una de las principales conclusiones incluidas en la Declaración sobre la Cuenta General del Estado correspondiente al ejercicio 2024, un informe que el órgano fiscalizador ha aprobado con opinión favorable, aunque subrayando la existencia de “salvedades o incidencias” que, a su juicio, deben ser corregidas por la Administración.
Entre estas cuestiones, el Tribunal destaca que la falta de crédito suficiente para atender obligaciones “ineludibles” en materia de pensiones de clases pasivas y de complementos de pensiones mínimas llevó a autorizar, en noviembre de 2024, dos modificaciones de crédito por un total de 2.389,4 millones de euros. Estas operaciones se financiaron con remanentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, al entenderse que no ponían en riesgo el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos.
Fundamentos jurídicos cuestionados y efectos de la prórroga presupuestaria
El Tribunal precisa que esta decisión del Ejecutivo se apoyó en fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados”, ya que aprecia “una incertidumbre” sobre si en 2024 eran aplicables las limitaciones al uso de créditos sobrantes de fondos europeos para sufragar modificaciones presupuestarias ajenas al propio servicio financiado con dichos recursos.
En relación con las obligaciones derivadas del pago de pensiones, el órgano fiscalizador recuerda que la prórroga de los Presupuestos ha implicado mantener para 2024 las mismas dotaciones aprobadas para 2023. Esta circunstancia provocó, según el informe, una infravaloración neta del gasto en pensiones por importe de 1.008,4 millones de euros.
La prórroga presupuestaria tuvo otro efecto relevante: los créditos definitivos acabaron superando en 77.341,9 millones de euros a los créditos iniciales. De esta diferencia, el 95% necesitó financiarse recurriendo a la variación del saldo vivo de la deuda pública. No obstante, el Tribunal matiza que la evolución favorable de los ingresos permitió que el incremento efectivo del saldo vivo de la deuda no alcanzase finalmente esa cifra.
La Seguridad Social acumula más de 106.000 millones de deuda
Más allá de estas operaciones vinculadas al pago de pensiones, el organismo presidido por Enriqueta Chicano vuelve a alertar de que el patrimonio neto de la Seguridad Social continúa en negativo por octavo año consecutivo y ya rebasa los 106.000 millones de euros.
El documento detalla que el balance de la Seguridad Social se sostiene, en gran medida, mediante préstamos del Estado, cuyo volumen acumulado en 2024 se sitúa en 126.170,2 millones de euros, el equivalente al 7,91% del PIB. Con este escenario, el Tribunal de Cuentas insiste en la necesidad de poner en marcha medidas que aseguren la viabilidad financiera del Sistema en el medio y largo plazo.
El informe también recoge que el saldo principal de la Deuda del Estado ascendía, a 31 de diciembre de 2024, a 1,46 billones de euros. Asimismo, la institución llama la atención sobre la existencia de un “importante déficit estructural” en la gestión de la Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza los 2.677,3 millones de euros.
Sobrevaloración del resultado y pagos sin justificar
Entre el resto de salvedades detectadas, el Tribunal de Cuentas señala una sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado por importe de 4.090,3 millones de euros, derivada de una incorrecta imputación temporal de obligaciones y derechos durante el ejercicio analizado.
Además, el organismo pone de relieve la existencia de pagos a justificar pendientes de rendición o aprobación al cierre del ejercicio por 1.627,1 millones de euros, que habrían excedido los plazos previstos en la normativa aplicable a este tipo de operaciones.
La fiscalización también incide en otras incidencias, como los problemas en los inventarios de inmovilizado de la Administración General del Estado, la ausencia de registro contable de las aplicaciones informáticas desarrolladas con recursos propios de la Seguridad Social o la incertidumbre en la valoración del inmovilizado material de Renfe Mercancías, cifrado en 371,6 millones de euros.
Errores en deudores y correcciones valorativas
Por otra parte, el Tribunal de Cuentas advierte de que la Cuenta General del Estado de 2024 presenta deficiencias en la contabilización de los deudores y en sus correcciones valorativas, entre ellas una sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones de euros.
También se recogen casos de infravaloración de deudores de la Seguridad Social, el SEPE y el Fogasa por 2.643,9 millones de euros, así como la falta de registro de los intereses de demora correspondientes a deudas por cuotas de la Seguridad Social por un total de 781 millones de euros. El Tribunal menciona, además, la existencia de “dudas razonables” sobre la posibilidad real de cobro de la deuda por cotizaciones sociales de instituciones sanitarias públicas y privadas sin ánimo de lucro, sometida a moratoria desde 1995, por 672,3 millones de euros.
Ante este conjunto de incidencias, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a corregir las salvedades señaladas y a abordar la situación de endeudamiento de la Seguridad Social. Asimismo, recomienda modificar la normativa que regula los plazos de rendición de cuentas, con el objetivo de poder elaborar la Declaración sobre la Cuenta General en un momento lo más próximo posible al ejercicio al que se refiera.
La Declaración, remitida ya a las Cortes Generales para su presentación y debate, ha sido aprobada con un voto particular en contra de uno de los consejeros del Tribunal de Cuentas y con otros seis votos concurrentes explicativos, es decir, favorables al texto, pero introduciendo matices.