Este martes, Junts ha revelado un acuerdo con el Gobierno para instaurar una obligación legal que exige a los servicios de atención al cliente ofrecer la opción de comunicarse en catalán. Esta normativa se aplicará a aquellos consumidores que contraten servicios en Cataluña, sin importar la localización de la empresa.
La medida se centrará en las empresas que superen los 250 empleados, con una facturación anual superior a los 50 millones de euros, o que ofrezcan servicios básicos de interés general. La disposición se enmarca dentro de una nueva ley que está siendo debatida en el Congreso, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo y dirigida por Pablo Bustinduy.
Según fuentes de este Ministerio, la iniciativa no solo se limitará al catalán, sino que también incluirá otras lenguas cooficiales como el gallego y el euskera, siempre que el servicio o producto haya sido adquirido en comunidades con lenguas cooficiales. A pesar de que se había programado una ponencia para discutir esta ley, se ha pospuesto sin nueva fecha establecida para revisar las 234 enmiendas propuestas por diversos grupos parlamentarios.
Desde Junts, liderado por Míriam Nogueras, se ha celebrado la inclusión de esta obligación, que garantiza el derecho a ser atendido en catalán en servicios esenciales y en grandes empresas. Además, se ha acordado que la formación en catalán será obligatoria para el personal de atención al cliente en las empresas afectadas. También se adaptarán las comunicaciones escritas al idioma que el cliente prefiera.
Estas disposiciones marcan un cambio significativo, pues priorizan el derecho de los consumidores a ser atendidos en su lengua, independientemente de la ubicación o disposición de la empresa. Este enfoque también responde a compañías de sectores como electricidad, gas, agua, telecomunicaciones, transporte, servicios postales, plataformas audiovisuales, financieros y aseguradoras, entre otros.