Andalucía celebra que el Supremo le da la razón al tumbar la chapuza del registro estatal de alquiler turístico de corta duración

Andalucía aplaude que el Supremo anule el registro estatal de alquiler turístico de corta duración por invadir competencias autonómicas.

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El consejero de Turismo y Andalucía Global, Arturo Bernal, atiende a los medios de comunicación tras finalizar el Gran Premio de España de Moto GP 2026 celebrado en Jerez. A 26 de abril de 2026 (Foto de archivo). Francisco J. Olmo - Europa Press
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El consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha celebrado este jueves que el Tribunal Supremo (TS) "ha dado la razón a Andalucía al anular" la "chapuza" del "registro único de alquileres de corta duración" promovido por el Gobierno central "por invadir las competencias autonómicas, tal y como la Junta venía advirtiendo desde hace más de un año".

En una nota remitida a los medios, el consejero se ha referido al fallo del Tribunal Supremo que deja sin efecto el registro único de arrendamientos de corta duración, previsto en el Real Decreto 1312/2024 de 23 de diciembre, al entender que el Estado no dispone de título competencial para fijar una regulación exhaustiva de un registro nacional que "se superpone a los registros autonómicos existentes con respecto a la inscripción de inmuebles destinados a arrendamientos turísticos".

"Es la enésima prueba de que el Gobierno de Pedro Sánchez legisla desde la ideología y de espaldas al ordenamiento jurídico y al respeto competencial", ha manifestado el responsable andaluz de Turismo en funciones tras conocerse la sentencia del Alto Tribunal.

Bernal ha rememorado que Andalucía presentó recurso contra esta normativa en mayo de 2025 por invasión de competencias y "falta de diálogo institucional", insistiendo en que ahora el Supremo le "da la razón" a la Junta.

Desde el Ejecutivo andaluz detallan que el propio tribunal precisa que el Reglamento europeo no obligaba a crear un registro de ámbito estatal ni modificaba el reparto interno de competencias. En esta línea, el consejero ha reiterado que "la duplicidad fue una decisión política, no una imposición de Bruselas".

"Irresponsabilidad flagrante" del Gobierno central

Para Arturo Bernal, esta "irresponsabilidad del Gobierno central es flagrante". "Impuso un registro único obligatorio desde el 1 de julio de 2025 sin la cobertura competencial necesaria, ignorando las advertencias de inseguridad jurídica que las comunidades llevábamos meses trasladando", ha criticado.

El consejero en funciones sostiene que "legislar desde la imposición y la ocurrencia tiene consecuencias", y que estas se traducen en "normas que nacen muertas, que generan caos administrativo y que terminan tumbadas en los tribunales".

Ha recordado además que Bruselas ya había advertido, puesto que el procedimiento TRIS vetó la doble inscripción y marcó el 20 de mayo como fecha tope para eliminar la duplicidad. No obstante, ha indicado que "el Gobierno acumulaba avisos por todos los flancos" y que, "aun así, no rectificó".

"Este nuevo varapalo judicial se suma a una política de vivienda fracasada: de precios disparados, oferta asfixiada e intervencionismo que no ha resuelto nada y que solo ha generado inseguridad", ha añadido Arturo Bernal.

A su juicio, la resolución del Supremo evidencia también "el nulo peso que el turismo tiene en el Consejo de Ministros", pese a ser uno de los principales motores económicos de España y, en particular, de Andalucía. "Se legisla sobre el sector sin contar con el sector y sin contar con quienes tienen la competencia", ha denunciado.

"Así no se gobierna: así se improvisa", ha lamentado Bernal, preguntándose "quién va a devolver los costes que ha provocado esta chapuza", aludiendo expresamente a "los gastos de adaptación de administraciones, plataformas y propietarios; la inseguridad jurídica creada; el tiempo y los recursos perdidos por una norma que el Supremo acaba de anular".

Frente a este escenario, el consejero ha garantizado que "Andalucía seguirá defendiendo sus competencias y exigiendo cooperación, no imposición", para concluir que "el turismo merece certidumbre, no ocurrencias que acaban anuladas por el Supremo".