La Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros (APRA) ha advertido este martes de que la revisión de la normativa de aviación en la Unión Europea podría traducirse en una rebaja de las indemnizaciones por retrasos y cancelaciones de vuelos.
La organización sostiene que el debate regulatorio en Bruselas se apoya en previsiones "poco realistas" sobre el efecto económico en las compañías aéreas, lo que abriría la puerta a una rebaja del nivel de protección que hoy tienen los consumidores.
El foco de inquietud de la asociación son los cálculos de la Comisión Europea, que prevé que la introducción de formularios automáticos de reclamación elevaría la tasa de éxito de las demandas desde el 58% actual hasta un rango de entre el 80% y el 100%.
De acuerdo con estas estimaciones, el coste para el sector podría alcanzar los 1.840 millones de euros, una cantidad que APRA considera teórica y cuestionable, al entender que no refleja los obstáculos reales a los que se enfrentan los usuarios a la hora de reclamar.
El presidente de APRA, Tomasz Pawliszyn, ha subrayado que la digitalización de los trámites es un "espejismo" que no implica necesariamente resoluciones más equitativas para los viajeros.
Para la entidad, el gran problema es que las aerolíneas rechazan hoy en día más de la mitad de las reclamaciones con fundamento, al actuar como juez y parte en la fase inicial del procedimiento, algo que la mera simplificación burocrática no corrige si no va acompañada de un control independiente.
La asociación avisa de que el auténtico peligro de estas previsiones infladas es que se utilicen como argumento para elevar los tiempos mínimos de retraso exigidos para cobrar o incluso para recortar de forma directa las cuantías de las compensaciones.
APRA recalca que estos importes han perdido más de la mitad de su poder adquisitivo en las dos últimas décadas y que cualquier nueva reducción hará menos atractivo que los abogados se impliquen en la defensa de los pasajeros ante negativas injustificadas.
En este contexto, la organización ha pedido al Parlamento Europeo y al Consejo que mantengan sus líneas rojas y rechacen cualquier acuerdo que suponga un deterioro de la posición del pasajero.
La entidad insiste además en que persisten importantes limitaciones técnicas, como la existencia de más de 800 modelos de formularios diferentes y la ausencia de integración de datos con las agencias de viajes, que, a su juicio, convierten en inviable la propuesta de Bruselas en su redacción actual sin menoscabar los derechos de los ciudadanos.