Asaja ha acogido “muy positivamente” la decisión de los Estados miembros de respaldar la propuesta de la Comisión Europea para suspender de forma temporal el régimen de perfeccionamiento activo (IPP) aplicado al azúcar. Según señala la organización en un comunicado, esta resolución atiende las reiteradas reclamaciones del sector y es fruto del “intenso trabajo” de interlocución desarrollado en los últimos meses.
La organización agraria recuerda que, ante la gravedad de la coyuntura, trasladó su preocupación tanto a las autoridades nacionales como a las comunitarias, remitiendo diferentes escritos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la propia Comisión Europea.
Asaja explica que el uso cada vez más extendido del IPP ha facilitado la entrada masiva de azúcar procedente de países terceros sin aplicación de aranceles, hasta representar más del 70% de las importaciones de azúcar en bruto. Estas compras, efectuadas a precios del mercado mundial y fuertemente condicionados por ayudas públicas en países como Brasil, India o Tailandia, han provocado una fuerte presión a la baja sobre las cotizaciones en la Unión Europea, deteriorando el mercado interno y la rentabilidad de los productores.
La organización advierte de que esta alteración del mercado estaría incidiendo directamente en los agricultores que afrontan el cierre de fábricas y la rescisión de contratos por parte de Azucarera en Castilla y León, lo que incrementa la incertidumbre en el sector y pone en peligro la continuidad de numerosas explotaciones.
En este contexto, la suspensión del IPP durante 12 meses se considera un primer paso imprescindible para contener esta tendencia y avanzar hacia la recuperación del equilibrio en el mercado. Sin embargo, Asaja recalca que esta decisión debe complementarse con una revisión de carácter estructural del sistema, con el fin de impedir que estas distorsiones vuelvan a producirse en el futuro.
Por último, la organización agraria destaca y agradece la labor del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la defensa de los intereses del sector español, lo que ha contribuido a que la medida lograra el respaldo necesario en el ámbito europeo.