Asnef, la patronal que agrupa a los establecimientos financieros de crédito, ha reclamado una rebaja del umbral económico a partir del cual un préstamo pasa a ser considerado de alto coste. A su juicio, el límite vigente fijado por la normativa, situado en 1.000 euros, es “demasiado alto” si se compara con el actual SMI y con la realidad retributiva en España.
La asociación plantea, además, que los establecimientos financieros de crédito puedan comercializar también este tipo de financiación de alto coste, con la intención de elevar el nivel de competencia y evitar que la oferta quede prácticamente restringida a las compañías especializadas en microcréditos.
Estas peticiones forman parte del conjunto de alegaciones que la patronal ha remitido al anteproyecto de Ley de Crédito al Consumo, que el Ministerio de Economía mantuvo en trámite de audiencia pública hasta finales de enero para recoger aportaciones de los distintos agentes del sector.
A comienzos de febrero, Asnef ya había avanzado algunas de sus propuestas y valoraciones sobre el texto elaborado por Economía, entre ellas la necesidad de perfeccionar el mecanismo técnico con el que se fijan los topes a los tipos de interés de los préstamos al consumo.
Este jueves, la organización ha dado un paso más y ha solicitado que, en el cálculo de las TAEs medias, se incorpore la tipología del crédito y el destino de los fondos “en lugar de fijarse únicamente en el plazo y en el horizonte temporal del mismo”, que es el criterio que, según la patronal, utiliza actualmente Economía.
Con el fin de contribuir a aclarar este punto, Asnef ha elaborado junto con AFI un informe sobre las distintas categorías de crédito al consumo, documento que ha remitido al legislador para que pueda ser tenido en cuenta en la tramitación de la norma.
La patronal también ha remarcado la relevancia de que el marco regulatorio diferencie “siempre” entre TIN y TAE, de forma que las comparaciones entre tipos de interés resulten rigurosas y se eviten posibles distorsiones en el mercado.
En otro orden de cuestiones, Asnef señala que, en la redacción actual del anteproyecto, se plantea extender el ámbito de aplicación de la ley a las personas jurídicas. Sin embargo, recuerda que el crédito al consumo se orienta exclusivamente a consumidores y defiende que el alcance de la norma se limite a las personas físicas.
Según la patronal, esta ampliación podría provocar una situación de “desequilibrio”, ya que la financiación a particulares “poco tiene que ver” con la que se concede a empresas. Detalla que difieren en volumen, coste, perfil de riesgo y canales de contratación. Avisa, además, de que, si no se introduce esta separación, “es esperable que disminuya mucho la oferta de crédito al consumo dirigido a personas físicas”.
Asnef ha pedido igualmente que se incorpore expresamente la reserva de dominio —garantía habitual en la compra de vehículos de motor por la que el vendedor o la entidad financiera conservan la titularidad del coche hasta que se abona la totalidad del préstamo—, de modo que se otorgue “la eficacia jurídica prevista” a esta figura en el Código Civil.
Asimismo, considera que la información precontractual exigida en el anteproyecto de Ley resulta “excesiva” y que el aviso que debe incluirse en la publicidad de créditos al consumo es “extenso”, aunque, en ambos supuestos, valora positivamente la inclusión de estas obligaciones informativas.
Por último, la patronal plantea, entre otros aspectos, la incorporación de una cláusula de sanación que impida una eventual aplicación retroactiva de la futura ley, así como la ampliación hasta 12 meses del plazo previsto para su entrada en vigor y adaptación por parte del sector.