El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la Estrategia para la Pobreza Energética 2026-2030, que contempla modificar la normativa para limitar el acceso al bono social eléctrico y al bono social térmico en función de la renta. El objetivo, según recoge el plan, es “cerrar la brecha de cobertura, ligarlo a la renta de los hogares y que lo reciba quien realmente lo necesita”. Hasta ahora, el título oficial de familia numerosa permitía acceder a estos bonos con independencia del nivel de ingresos.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sostienen que “con los requisitos actuales, no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él y, a la vez, sí tienen acceso hogares que no lo necesitan”. En la misma línea, la vicepresidenta tercera y ministra responsable, Sara Aagesen, ha explicado que el Ejecutivo ha incorporado en la estrategia que “la renta tiene que ser un principio rector para los consumidores”, al ser preguntada por el criterio aplicable a las familias numerosas.
No obstante, Aagesen ha precisado que la aplicación efectiva de este criterio requerirá un desarrollo reglamentario y la actualización del real decreto vigente, un proceso que se abordará “desde el diálogo y el debate”, contando con asociaciones y con la Mesa Social de Pobreza Energética. El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha señalado que uno de los ejes principales es “mejorar la protección de los consumidores vulnerables”, lo que implica “reabrir la definición de qué significa vulnerable a efectos del bono social y aplicar con carácter general criterios de renta”.
¿Qué dicen las familias numerosas?
La Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) ha pedido al Gobierno que no modifique las condiciones de acceso al bono social eléctrico para este colectivo y que mantenga su derecho a la ayuda como instrumento de protección económica
La organización defiende que las familias numerosas constituyen un grupo de especial protección, al asumir la crianza y educación de varios menores, lo que implica un esfuerzo económico significativo. “La mayoría de las familias numerosas vive con ingresos ajustados y tiene que hacer malabares para cubrir todas sus necesidades”, sostiene la federación, que reclama que, si se fija un umbral de renta, se tenga en cuenta la situación real de estos hogares para evitar que miles de familias con hijos queden excluidas de una ayuda que califican de “pequeña” pero relevante en la factura eléctrica.
La FEFN recuerda además que el 47,1% de las familias numerosas se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de Eurostat de 2025, con una tasa 17 puntos superior a la del resto de hogares con menores dependientes. A su juicio, este colectivo necesita apoyo y protección específicos, ya que considera que su aportación económica y social es clave para garantizar la tasa de reemplazo generacional y sostener el Estado del Bienestar a medio y largo plazo.
Observatorio de la Pobreza Energética
La nueva Estrategia contra la Pobreza Energética incluye 13 medidas transversales y se articula en cuatro grandes ejes de actuación. Entre ellos destaca la creación de un Observatorio de la Pobreza Energética, que permitirá definir mejor los indicadores de seguimiento y plantear nuevas actuaciones para reforzar la protección de los consumidores vulnerables en todas las administraciones competentes, tanto la general como las autonómicas. El Gobierno ya ha abierto una consulta pública previa para concretar sus funciones y las de su red de colaboradores.
El documento también prevé reforzar la cobertura a través de los centros denominados ‘Red Actúa’, pensados para acercar la información y la tramitación de ayudas a los barrios y zonas más vulnerables. Según ha señalado la vicepresidenta tercera, desde hoy mismo se somete a consulta previa esta red para determinar cómo facilitará que los consumidores conozcan si pueden acceder a los beneficios y agilizar que las ayudas lleguen cuanto antes a los hogares.
Además, la estrategia otorga un papel relevante a los Certificados de Ahorro Energético (CAE). El Ejecutivo estudia aplicar un “multiplicador” para incentivar su uso y ha lanzado otra consulta pública previa para impulsar el denominado CAE social. El objetivo es que un 12% de los ahorros del sistema provenga de actuaciones de eficiencia en hogares vulnerables, ampliando el catálogo de medidas e incentivando especialmente las rehabilitaciones pasivas frente a actuaciones activas.