La Comisión Europea ha confirmado este martes que está analizando la documentación relativa a la utilización de 2.389 millones de euros procedentes de fondos europeos para sufragar en 2024 el pago de pensiones en España, después de que el Tribunal de Cuentas español pusiera en duda la solidez jurídica de esta operación y alertara de posibles incógnitas sobre el empleo de créditos sobrantes del plan de recuperación para fines distintos a los inicialmente fijados.
“Estamos revisando actualmente la información y estamos en contacto con las autoridades españolas”, ha señalado un portavoz comunitario preguntado por la utilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para pagar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos ante la falta de crédito presupuestario derivada de la prórroga de las cuentas públicas.
En cualquier caso, Bruselas ha precisado que este tipo de movimientos de tesorería por parte de los Estados miembro no tiene, “en principio, impacto sobre los intereses financieros de la Unión ni consecuencias para la aplicación del fondo europeo de recuperación”.
La Comisión subraya también que los pagos del MRR se autorizan en función del grado de cumplimiento de los hitos y objetivos fijados en los planes nacionales de recuperación y que el volumen de cada desembolso no guarda una relación directa con los costes efectivos asumidos por los Estados miembro.
Por este motivo, el Ejecutivo comunitario destaca que es “totalmente posible” que un país deba adelantar recursos propios para ciertas inversiones antes de percibir nuevos tramos de financiación europea y añade que también puede emplear la liquidez derivada de esos pagos para hacer frente a otros compromisos de gasto.
El Tribunal de Cuentas reveló este lunes que el Gobierno recurrió en noviembre de 2024 a 2.389,4 millones de euros de créditos sobrantes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar pensiones de clases pasivas y complementos mínimos, ante la insuficiencia de crédito presupuestario provocada por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado desde 2023.
El órgano fiscalizador considera, sin embargo, que esta operación se realizó apoyándose en unos fundamentos jurídicos “que deberían haber quedado mejor justificados” y avisa de una “incertidumbre” sobre los límites al empleo de créditos sobrantes de fondos europeos para cubrir modificaciones presupuestarias al margen de este mecanismo.
En contestación a estas objeciones, la Comisión ha recalcado que lleva a cabo controles sobre los sistemas nacionales de supervisión y que puede intervenir en supuestos de fraude, corrupción o conflicto de intereses si el Estado miembro no corrige la situación.