La Comisión Europea ha remitido a España un ultimátum para que, en un plazo máximo de dos meses, adopte las medidas necesarias que garanticen la correcta transposición de las nuevas normas sobre servicios financieros ‘online’, que los Veintisiete estaban obligados a tener en vigor desde el pasado mes de enero.
El requerimiento se materializa en un dictamen motivado, el segundo paso formal dentro de los procedimientos de infracción, después del expediente sancionador que se abrió en marzo de este mismo año. Junto a España, el Ejecutivo comunitario ha dirigido también dictámenes motivados a Francia y Portugal.
En caso de que persista el incumplimiento de la directiva relativa a la resistencia operativa digital (DORA), la Comisión Europea podrá optar por activar la tercera fase del procedimiento, que implica llevar al Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que se le impongan sanciones.
Bruselas subraya que la finalidad de este nuevo marco regulatorio es fijar normas claras y homogéneas en materia de resistencia operativa digital para entidades financieras como bancos, aseguradoras y firmas de inversión.
Los servicios comunitarios insisten en que la aplicación íntegra de esta legislación resulta esencial para reforzar la resistencia operativa digital de las entidades financieras en toda la Unión Europea y hacer frente a los riesgos derivados del avance de la digitalización en los servicios financieros.











