La Comisión Europea ha avanzado que está analizando cómo reforzar la seguridad, así como el desarrollo económico y social, de las regiones situadas en la frontera oriental de la Unión Europea con Rusia, Bielorrusia y Ucrania, especialmente golpeadas por la guerra, mediante una nueva estrategia sobre la que por ahora no ha ofrecido detalles concretos ni propuestas legislativas cerradas.
“Este es el punto de partida, no el final del proceso” ha aclarado el vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, en una comparecencia ante la prensa para presentar este plan, que ha descrito como el inicio de una reflexión política destinada a reforzar el respaldo del Ejecutivo comunitario a estas regiones para las que --subraya-- “existe un claro antes y después del 24 de febrero de 2022”.
“Desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia, lugares que antes estaban concebidos para la vida cotidiana normal, para las compras transfronterizas y el turismo, ahora se utilizan para fines de seguridad, actividades de doble uso, logística, drones y apoyo de emergencia” ha señalado.
El alcance de la iniciativa cubrirá regiones de Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria, que en conjunto suman alrededor de 1.500 kilómetros de frontera terrestre con Rusia y Bielorrusia, casi 1.500 kilómetros de límite con Ucrania y unos 600 kilómetros de frontera marítima en el mar Negro.
“No se trata solo de fronteras nacionales, sino de fronteras europeas”, ha remarcado el comisario, que ha adelantado que el primer hito del plan de trabajo será una conferencia de alto nivel el próximo 26 de febrero, con la participación de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, además de jefes de Gobierno y ministros de los Estados miembro implicados.
El responsable italiano ha detallado que la guerra ha trastocado los flujos comerciales, ha frenado el crecimiento, ha elevado la inflación y ha intensificado las amenazas híbridas y la instrumentalización de la migración, generando una combinación de mayor inseguridad, menor actividad económica y pérdida de población.
“Apoyar a estas regiones no es, por tanto, solo una cuestión técnica, sino una responsabilidad política”, ha subrayado. En este sentido, ha indicado que la futura estrategia se estructurará en cinco grandes ámbitos prioritarios que combinarán los instrumentos de la política de cohesión con otras herramientas europeas, con el objetivo de responder a la evolución de la situación sobre el terreno.
Sistema de vigilancia y alerta en el flanco oriental
En el capítulo de seguridad y resiliencia, el plan contempla la puesta en marcha de un sistema reforzado de vigilancia y alerta temprana en el flanco oriental de la UE --bautizado como Eastern Flank Watch-- orientado a mejorar la detección de amenazas como sabotajes, ciberataques o el uso de drones, y a estrechar la coordinación entre autoridades nacionales y europeas.
Junto a ello, se prevé impulsar capacidades europeas de defensa frente a drones, blindar infraestructuras críticas como redes energéticas y de transporte y facilitar la movilidad militar, es decir, la posibilidad de desplazar equipos y tropas con mayor rapidez dentro del territorio europeo en caso de crisis.
Movilización de 28.000 millones
En el plano económico, la Comisión quiere facilitar el acceso a financiación para regiones catalogadas como “de mayor riesgo” mediante un mecanismo específico en el que participarán el Grupo del Banco Europeo de Inversiones, instituciones financieras internacionales y bancos nacionales, denominado EastInvest, cuya firma también está prevista para el 26 de febrero.
Este instrumento aspira a movilizar hasta 28.000 millones de euros en apoyo crediticio hasta finales de 2027, con el fin de dinamizar la inversión en estas zonas, ofreciendo préstamos a empresas y administraciones locales y asesoramiento a los promotores para reforzar la solidez de sus proyectos.
“La seguridad y la defensa son una condición previa, pero las regiones también necesitan inversión, servicios, conectividad y perspectivas económicas. En resumen, reclaman el derecho a quedarse, la posibilidad de vivir y trabajar donde pertenecen”, ha señalado el comisario italiano.
Modernización de infraestructuras y respuesta demográfica
El tercer eje busca explotar las fortalezas locales mediante la integración eléctrica de los Estados bálticos en las redes europeas, el desarrollo de infraestructuras transfronterizas de hidrógeno y el impulso de sectores como la economía circular y la bioeconomía.
En materia de conectividad, la estrategia prevé modernizar carreteras, líneas ferroviarias, puertos y redes digitales, incluyendo infraestructuras de doble uso que puedan servir tanto a fines civiles como de seguridad, además de reforzar los enlaces con Ucrania y Moldavia.
Asimismo, se plantean actuaciones para combatir la despoblación y la falta de mano de obra mediante programas que vinculen educación y empleo, el refuerzo de los servicios sanitarios y asistenciales y el apoyo a la resiliencia comunitaria frente a la desinformación.
Según ha reconocido Fitto, en los cinco ámbitos el enfoque será territorial, dado que “las soluciones deben adaptarse a cada caso, no ser uniformes”. “La Comisión seguirá trabajando estrechamente con los Estados miembro, las regiones y los municipios, basándose en los instrumentos existentes y preparándose para el futuro”, ha añadido.