La Comisión Europea ha presentado este jueves un paquete de recomendaciones destinado a reforzar la protección de los consumidores ante el encarecimiento de la energía derivado de la crisis en Oriente Próximo. El documento propone medidas para evitar los cortes de suministro, simplificar los contratos y apoyar a los ciudadanos en la reducción de su factura energética.
Aunque el plan no impone obligaciones directas a los Estados miembro, sí ofrece orientación “detallada y práctica” para poner en marcha instrumentos de protección social y de mercado en un contexto en el que Bruselas ve prioritario aumentar la resiliencia energética de la Unión.
“Debemos proteger a los hogares vulnerables de los cortes de suministro eléctrico y ayudar a todos los consumidores a gestionar mejor sus contratos de suministro energético, así como a participar activamente en la transición”, ha subrayado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, que también ha insistido en la necesidad de avanzar hacia un sistema “más sostenible, seguro y centrado en el consumidor”.
En esta línea, la Comisión anima a los gobiernos a detectar con antelación a los hogares en riesgo de pobreza energética para poder ofrecer apoyo antes de que se produzcan interrupciones del suministro. Entre las herramientas sugeridas figuran planes de pago personalizados, asesoramiento sobre deudas o vales energéticos, junto con actuaciones de carácter estructural como la mejora de la eficiencia energética y el impulso del acceso a energías renovables.
Bruselas propone igualmente que los países introduzcan salvaguardias frente a las desconexiones en periodos especialmente sensibles, como los meses de invierno, y que se garantice que las compañías informan con suficiente margen de las alternativas disponibles antes de proceder a cortar la luz o el gas.
Contratos más “claros, transparentes y comparables”
Otra de las recomendaciones se centra en facilitar que los consumidores comprendan mejor las condiciones de lo que contratan. Para ello, la Comisión sugiere estandarizar los términos y condiciones de los contratos de energía, de forma que los usuarios dispongan de información “clara, transparente y comparable” sobre elementos como el precio, la duración del contrato o el tipo de tarifa.
Según explica el Ejecutivo comunitario, una parte importante de los consumidores no sabe si dispone de una tarifa fija o variable, en parte por la ausencia de información comparable y por el uso de denominaciones distintas para ofertas similares por parte de los proveedores. A su juicio, esta situación dificulta el cambio de compañía y limita la capacidad de los hogares para acceder a opciones más económicas.
Además, Bruselas reclama a las autoridades nacionales que refuercen la supervisión de los proveedores y endurezcan las normas de gestión de riesgos, con el fin de reducir el impacto que eventuales quiebras o problemas financieros de las empresas puedan tener sobre el suministro y sobre las facturas de los consumidores.
Impulso al autoconsumo y a las comunidades energéticas
El paquete incorpora también medidas para favorecer el desarrollo de comunidades energéticas y del autoconsumo, con el objetivo de que ciudadanos, pequeñas empresas y administraciones locales puedan producir y compartir su propia energía renovable.
En este contexto, la Comisión plantea rebajar las trabas administrativas y facilitar el acceso a la financiación, así como fortalecer mecanismos como las ventanillas únicas para acompañar a los hogares en la adopción de alternativas más limpias.
Facturas más bajas con consumo flexible
En paralelo, la Comisión ha difundido un informe en el que anima a los países a promover contratos que permitan a los consumidores aprovechar precios más bajos si adaptan su consumo a determinadas franjas horarias, por ejemplo cuando haya mayor disponibilidad de energías renovables.
Según el Ejecutivo comunitario, este enfoque puede ayudar a mejorar la eficiencia del sistema eléctrico y a abaratar las facturas, siempre que se garantice un nivel adecuado de protección para los consumidores, en especial para los más vulnerables.
La Comisión colaborará ahora con los Estados miembro en la aplicación de estas recomendaciones, ofreciendo asistencia técnica y seguimiento, si bien la decisión final sobre su puesta en marcha corresponderá a cada país.