Pablo Bustinduy, ministro de Consumo y Derechos Sociales, ha confirmado que las negociaciones para que las grandes empresas ofrezcan servicios de atención al cliente en lenguas cooficiales como el catalán, el gallego o el euskera continúan activas. Esta iniciativa busca que las reclamaciones se gestionen en estos idiomas en las comunidades donde son oficiales, independientemente de si la empresa opera nacionalmente.
El anuncio inicial fue hecho por Junts, tras llegar a un acuerdo preliminar con el Gobierno, que afectaría a empresas con más de 250 empleados, ingresos sobre 50 millones o que ofrezcan servicios de interés general. Este acuerdo se integraría a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela durante su tramitación actual en el Congreso.
Ante las consultas de los medios, Bustinduy ha reiterado en el Congreso su compromiso con la garantía de uso de las lenguas cooficiales. Por otro lado, Miriam Nogueras de Junts ha enfatizado que los ciudadanos en cualquier parte de España deberían tener derechos lingüísticos equiparables a los de cualquier europeo, haciendo posible que un cliente en Murcia pueda ser atendido en catalán si así lo desea.
La propuesta no afectaría a pequeños comercios, sino exclusivamente a corporaciones de gran envergadura, y una enmienda de Junts sugiere que las respuestas a consultas y reclamaciones se realicen en el idioma original de estas.