QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Gobierno de California ha decidido llevar a los tribunales a la Administración Trump tras la suspensión de una asignación de 4.000 millones de dólares (3.434 millones de euros) destinada al tren de alta velocidad que conectaría Los Ángeles con San Francisco.
La entidad estatal encargada del desarrollo ferroviario de alta velocidad en California será la responsable de presentar la querella, alegando que la eliminación de estos recursos federales se debe a una «política mezquina» y a la «animadversión personal de Trump a California», más que a razones basadas en la realidad del proyecto.
«En realidad, esto no es más que un ataque despiadado contra el Central Valley, que pondrá en juego muchos empleos. Demandaremos para evitar que Trump descarrile el único tren de alta velocidad de Estados Unidos que se encuentra en construcción activa», declaró el gobernador demócrata Gavin Newsom.
Por su parte, la Administración Trump sostiene que el proyecto ha recibido cerca de 6.900 millones de dólares (6.000 millones de euros) en fondos federales durante los últimos quince años, sin haber completado «ni una sola vía de alta velocidad» ni cumplido los plazos para la adquisición de los trenes que operarían en esta línea.
Desde California, sin embargo, se informa que recientemente se inició la etapa de tendido de vías, tras trabajar en 275 kilómetros y erigir 50 estructuras ferroviarias, incluyendo puentes y viaductos, generando 15.000 empleos. Los documentos oficiales indican que del tramo inicial de 192 kilómetros del proyecto, ya se ha finalizado un 50% y un 30% se encuentra en proceso de construcción.
CONTRASTE CON LA EXPERIENCIA ESPAÑOLA
Asimismo, la Administración Trump también ha frenado recientemente la financiación de otro importante proyecto de alta velocidad en Texas, donde gobierna el Partido Republicano de Trump, aunque este tiene un carácter privado, a diferencia del californiano, pero que también recibe apoyo económico público.
En Texas, Renfe está involucrada, mientras que en California, empresas españolas como Ferrovial, ACS o Typsa, expertas en alta velocidad, han obtenido contratos.
Este contraste es notable frente al éxito de España en este campo, donde el consenso bipartidista ha permitido el desarrollo de una red que, con más de 4.000 kilómetros, es la segunda más extensa del mundo después de China, y cuyo coste ha sido considerablemente más económico en comparación con la limitada red inglesa de 134 kilómetros.
