Canarias insiste en que su papel en la gestión aeroportuaria es un mandato legal irrenunciable

María Fernández reafirma que la participación de Canarias en la gestión de sus aeropuertos está blindada por el Estatuto y exige al Estado desarrollar la cogobernanza.

1 minuto

La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

Publicado

1 minuto

La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, ha subrayado que la implicación de la Comunidad Autónoma en la gestión de sus ocho aeropuertos “es un mandato legal”, al estar expresamente contemplada en el Estatuto de Autonomía.

Durante una entrevista en el programa 'A buenas horas', presentado por José Luis Martín y emitido en plataformas digitales, Fernández remarcó que negar esa participación equivaldría a considerar el Estatuto como un “papel mojado”.

“Hablamos de una norma de rango orgánico, es nuestra carta magna como archipiélago, y el Artículo 161 es clarísimo al decir que la CCAA tendrá participación en sus principales aeropuertos y puertos de interés general, y los que no son de interés general”, observó.

La responsable autonómica recordó que, en el caso de las infraestructuras de interés general, corresponde al Estado aprobar una regulación específica que concrete “cómo va a consistir esa cogobernanza o esa participación”. “Eso es lo que se tiene que hacer --incidió--. Es un mandato legal”.

En este contexto, explicó que Canarias se ha visto “abocada” a pedir la reunión de la Comisión Mixta al entender que el Estado “no estaba haciendo los deberes” ni dando cumplimiento a lo previsto en el Estatuto.

“Y ahora en esta Comisión Mixta hay visos de ir avanzando hacia ese modelo y ver cuál es porque todavía no está definido cómo será el modelo de cogestión, y de desarrollar una normativa que lo dirima”, apuntó.

Frente a las reticencias de algunos presidentes de empresas participadas contrarios a la cogestión, Fernández recalcó que la normativa es clara y de obligado cumplimiento. “Los responsables públicos tenemos la obligación de cumplir la ley”, concluyó.