La líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha confirmado que su formación ha cerrado un pacto con el Govern para prolongar durante 2026 la bonificación del 50% en el precio del transporte público.
Lo ha explicado este martes en una rueda de prensa tras reunirse con la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, en un encuentro centrado en la revisión de las tarifas del transporte público.
Albiach ha señalado que el acuerdo "ha costado" y lo ha definido, literalmente, como una victoria del diálogo político y del sentido común.
Ha precisado que será el próximo viernes cuando Paneque detallará públicamente el contenido del pacto, y ha avanzado que la previsión es que el Estado mantenga una ayuda del 20%, mientras que la Generalitat asumirá el 30% restante.
La dirigente de los Comuns ha subrayado que el mantenimiento de la bonificación supone un ahorro que considera relevante para miles de familias: "En un momento en el que el coste de la vida ahoga a miles de hogares, no podíamos permitir que se cargaran la bonificación".
Ha remarcado además que este entendimiento ejemplifica cómo se debe plantar cara a la extrema derecha, de la que ha afirmado que no se la derrota "con buenas palabras, se la gana con políticas útiles".
Al ser preguntada por la compatibilidad de esta ayuda con el anuncio realizado el lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre un abono de transporte para toda España por 60 euros, Albiach ha insistido en que se trata de títulos dirigidos a sistemas de transporte público distintos.
PRESUPUESTOS
Albiach ha reiterado que la continuidad de esta bonificación era una de las tres condiciones fijadas por los Comuns para sentarse a negociar con el Govern los Presupuestos de 2026.
La formación reclama también la convocatoria de una reunión para evaluar el grado de cumplimiento de los compromisos vinculados al tercer suplemento de crédito en sanidad y educación, sobre la que ha apuntado "que aún no hay fecha".
Además, como requisito para abrir formalmente las conversaciones presupuestarias, exige que se empiece a aplicar el régimen sancionador previsto en la ley de vivienda, ya que, según ha denunciado, tras un año en vigor todavía no se ha impuesto ninguna sanción.