El Parlament de Cataluña ha dado este jueves el visto bueno a la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones al aprobar el proyecto de ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo.
La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha defendido en el hemiciclo el contenido de la norma, que ha llegado al debate final incorporando enmiendas de Junts, PP y Vox. Por su parte, PSC-Units, ERC y Comuns habían registrado enmiendas conjuntas al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), solicitado por Junts y PP.
El CGE respaldó la constitucionalidad del proyecto para intervenir en el alquiler de temporada, aunque expresó dudas sobre la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en las denominadas zonas tensionadas.
La ley introduce cambios en el ámbito de la obra pública, en los procedimientos administrativos y en las políticas de urbanismo y vivienda. Para ello, modifica la ley del derecho a la vivienda, el texto refundido de la Ley de Urbanismo y la norma de mejora urbana, ambiental y social de barrios y villas, así como los decretos ley sobre movilización de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias y sobre medidas urgentes para facilitar el acceso a la vivienda.
La propuesta fija que, en los planes urbanísticos de los municipios con una demanda residencial elevada y acreditada, el uso principal de las viviendas sea el de residencia habitual y permanente. Asimismo, ordena el alquiler de temporada ligado a un plan especial que justifique el interés público y social, la idoneidad de la ubicación del alojamiento y que determine las condiciones de acceso y la duración de las estancias.
El texto también regula el alquiler de habitaciones, con precios limitados, de forma que la suma de las rentas acordadas para cada estancia no pueda superar el importe del alquiler completo de la vivienda.
Además, se crea el registro de grandes tenedores, adscrito a la Agència de l'Habitatge de Catalunya, y una comisión encargada de supervisar los contratos de arrendamiento de vivienda. Al mismo tiempo, se otorga a los inspectores la condición de agentes de la autoridad y se detallan sus competencias.
La norma concreta igualmente el destino de las fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl, con el objetivo de reforzar los recursos públicos para la promoción de vivienda protegida, y amplía los supuestos en los que la administración puede ejercer los derechos de tanteo y retracto.