Comisiones Obreras (CCOO) ha aclarado este martes que el reciente fallo del Tribunal Supremo sobre el abuso de la temporalidad en las Administraciones Públicas se limita al personal laboral que, por resolución judicial, tiene reconocida la condición de indefinido no fijo. De este modo, queda fuera de su ámbito el personal funcionario interino, cuyo marco jurídico es diferente y “queda al margen”.
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado sentencia y fijado criterio sobre el encadenamiento de contratos temporales en el sector público, determinando que únicamente podrán adquirir la condición de fijos quienes, con anterioridad, hubieran superado un proceso selectivo para acceder a un empleo indefinido, sin lograr plaza, y hubieran sido contratados después de forma temporal.
Desde el Área Pública de CCOO se ha realizado una primera lectura de la resolución judicial y se insiste en que, según el sindicato, la decisión del alto tribunal afecta exclusivamente al personal laboral que, mediante resolución judicial, ostenta la condición de indefinido no fijo. El sindicato ha remarcado además que esta figura jurídica no existe en el orden contencioso-administrativo, que es el que se aplica al personal funcionario y estatutario.
En cuanto al alcance práctico del fallo, solo el personal laboral indefinido no fijo que haya superado un proceso selectivo completo —no limitado a una única prueba de examen— estará en condiciones de reclamar la fijeza en su puesto de trabajo.
Por el contrario, el resto de trabajadores laborales en situación de indefinido no fijo que no hayan aprobado dicho proceso selectivo únicamente podrán, en su caso, optar a solicitar una indemnización como compensación.
La organización sindical ha recalcado que no todo el personal laboral se ve afectado por esta situación, ya que, en la mayor parte de los supuestos, las personas trabajadoras continúan sujetas a contratos temporales.
Asimismo, CCOO ha reiterado que esta sentencia no alcanza al personal funcionario interino, dado que su régimen jurídico es distinto y “queda al margen de lo aquí expuesto”.
Finalmente, el sindicato ha manifestado que mantendrá su exigencia de garantizar estabilidad en el empleo, asegurar una compensación frente al abuso o fraude en la contratación y reclamar responsabilidad y sanciones ejemplares para aquellas Administraciones Públicas que incumplan la normativa.